El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó formalmente la declaración indagatoria de Francisco Adorni, diputado provincial por La Plata y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunta “omisión maliciosa y falsedad en declaraciones juradas patrimoniales”.
La petición se realizó ante el Juzgado Federal N°6, que subroga el juez Daniel Rafecas, y se enmarca en una investigación que abarca el período 2023-2026. Durante el gobierno libertario, el hermano del jefe de Gabinete que desde el año pasado se ocupa una banca en la Legislatura bonaerense, fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, en junio de 2025, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), un organismo que depende del Ministerio de Defensa y administra y paga el sistema de retiros y pensiones del personal militar.
Luego de una denuncia radicada por la diputada nacional Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, el mes pasado, Francisco Adorni rectificó su declaración jurada. En esa corrección informó que posee 21 millones de pesos provenientes de una herencia, que no había declarado antes ante la Oficina Anticorrupción. También cambió la valuación de una casa en City Bell y la de un auto (Chery Tiggo).
Para la fiscalía existen sospechas de ocultamiento de bienes y de sumas de dinero no declaradas. Según el informe, en las últimas tres declaraciones habría existido una cantidad inusual de rectificaciones posteriores, cada una sumando datos nuevos, ajustando valores o incorporando cuentas bancarias, tarjetas de crédito y bienes no informados en los formularios originales.
En la imputación se apoya además en una pieza que la fiscalía considera determinante: durante su paso por el Consejo de la Magistratura provincial, Adorni trabajó en un área con vinculación directa con las declaraciones juradas, por lo que, según la investigación, no podía desconocer cómo debían presentarse.
La figura penal invocada por la fiscalía está prevista en el artículo 268 del Código Penal y contempla penas de prisión de entre 15 días y dos años, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, para quienes omitan o falseen la información que deben consignar en sus declaraciones juradas patrimoniales.
En tanto, respecto a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Senado de la Nación ya definió que el plazo para votar un llamado a una interpelación y una votación sobre una moción de censura será dentro de una semana. En el caso de la Cámara de Diputados hay un pedido de sesión para el próximo martes de parte de la oposición que inició como una sesión para emplazar a las comisiones que deberían tratar los pedidos de interpelación, y hoy se debate si en la misma sesión se puede votar la fecha de la interpelación.
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