La Justicia rechazó hoy la apelación del Gobierno nacional sobre la Ley de Financiamiento Universitario y lo intimó nuevamente para que cumpla con la cautelar.
La medida fue resuelta por el juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick, que sostuvo su fallo anterior y ordenó al Poder Ejecutivo acatarlo en el término de cinco días, según el escrito.
Las autoridades habían apelado el pasado viernes la intimación anterior del magistrado, asegurando que había cumplido con las obligaciones establecidas en la cautelar.
La cautelar establece que el Gobierno debe cumplir de forma inmediata con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, que hacen mención a la actualización de los salarios de docentes y no docentes desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la fecha de su sanción y la recomposición de todos los programas de becas del estudiantado.
En el fallo, el juez consideró que hubo un “cumplimiento parcial” del artículo 5, ya que, si bien hubo convocatorias a la negociación paritaria y la efectivización de órdenes de pago, no se comprobó que el cálculo con respecto a los aumentos y las actualizaciones salariales “haya sido efectuado del modo estipulado por la norma, ponderando las variables de ajuste”.
Apuntó que, según el INDEC, entre el 1° de diciembre de 2023 y el mes de junio de 2026 la inflación fue del 312,19%. “No se advierte de las propias respuestas de la parte demandada, las cuales refieren a los expedientes correspondientes a las erogaciones, que se haya alcanzado dicho incremento”, remarcó.
Con respecto al artículo sobre las becas estudiantiles, remarcó que, según la presentación del Gobierno, “admite haber dado tratamiento en lo atinente a las becas únicamente en relación a una de ellas”, la Beca Manuel Belgrano.
“Lo señalado permite aclarar, sin que ello implique de modo alguno un adelantamiento del fondo de la cuestión, que el cumplimiento informado tampoco alcanza a cubrir lo decidido cautelarmente en relación a este punto”, agregó Cormick.
La decisión del juez se da en medio del paro nacional de 72 horas que inició este miércoles el personal docente y no docente de las universidades públicas, para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial del 33,4%.
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