El bloque de senadores de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para derogar dos leyes sancionadas en 1998, durante la gobernación de Eduardo Duhalde, que dieron origen a una oficina de promoción de negocios e inversiones bonaerenses en la ciudad de Miami, Estados Unidos.
La iniciativa, impulsada por el senador Matías De Urraza, propone eliminar la Ley 12.221, que declaró de interés provincial el funcionamiento de esa oficina, y la Ley 12.222, que creó la comisión encargada de implementarla (propuesta en aquel momento por Hugo Guerrieri, del Frepaso). Desde el espacio libertario sostienen que ambas normas responden a un contexto político y económico completamente distinto al actual y que hoy representan una estructura estatal sin justificación.
El proyecto se presenta en medio del debate sobre el tamaño del Estado y el gasto público en la provincia de Buenos Aires. Según argumentó La Libertad Avanza, mientras la administración bonaerense enfrenta problemas en áreas sensibles como salud, seguridad, educación y previsión social, resulta necesario revisar organismos y estructuras que, a su entender, ya no cumplen una función efectiva.
"No faltan recursos, sobran gastos y estructuras que ya no tienen sentido", señalaron desde el bloque al fundamentar la iniciativa.
En ese marco, De Urraza apuntó directamente contra la administración de Axel Kicillof y calificó a la dependencia como una "oficina para el turismo de la política". "Kicillof sostiene privilegios que no le trajeron ni un dólar de inversión a los bonaerenses. Venimos a achicar el Estado, eliminar el gasto ineficiente y devolverle la plata al que trabaja", afirmó el legislador.
Desde La Libertad Avanza aclararon que el proyecto no cuestiona la importancia de promover inversiones para la provincia, sino la continuidad de normas y estructuras cuya utilidad, sostienen, debe ser evaluada a casi tres décadas de su creación. En ese sentido, remarcaron que la atracción de capitales requiere herramientas modernas, mayor articulación con el sector privado y políticas públicas eficientes, en lugar de mantener organismos que, según afirman, no acreditan resultados concretos.
En los fundamentos de la iniciativa también se sostiene que avanzar en un Estado más ordenado, austero y eficiente es una condición indispensable para mejorar la asignación de los recursos públicos y aliviar la presión tributaria sobre los bonaerenses.
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