La Cámara Federal, con los votos de los nuevos jueces en ese tribunal, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, confirmó el cierre de la causa que investigaba al ministro de Economía, Luis Caputo, por supuestas negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público cuando era secretario de Finanzas de Mauricio Macri.
Es otro fallo favorable al Gobierno de la Sala I de la Cámara Federal: después de su cambio de composición, el jueves pasado, ratificó al día siguiente la exclusión de los querellantes del caso $LIBRA y confirmó el cierre del expediente que investigaba al ex presidente Macri y a los actuales ministros Caputo y Federico Sturzenegger por el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Cambiemos.
En cuanto al fallo de ayer, la Cámara respaldó la decisión del juez federal Julián Ercolini de sobreseer a Caputo sin citarlo como acusado. La fiscalía había pedido en tres oportunidades la indagatoria del funcionario.
El fiscal de la causa es Carlos Rívolo. Según él, hay pruebas suficientes para que Caputo dé explicaciones por haber omitido declarar sociedades offshore que tuvo durante su actuación en el gobierno de Macri (no lo habría hecho ni en la Oficina Anticorrupción ni en la AFIP), por haberle facturado “servicios profesionales” a una de ellas mientras integraba el gobierno y porque esa firma, bajo su asesoramiento, compró bonos del Tesoro Nacional emitidos en abril de 2016 (y en cuya licitación Caputo participó directamente como secretario de Finanzas).
El fallo que ratificó el cierre de este expediente lo firmaron los camaristas Llorens y Bertuzzi. Este último juró el jueves pasado como juez titular de la Cámara Federal, elegido por Javier Milei. El tercer miembro de la Sala es Pablo Yadarola, también nombrado la semana pasada, pero que tan pronto asumió se tomó licencia.
Este fallo y los dos del viernes se emitieron en una ventana en la que Yadarola no participa todavía de las decisiones de la Cámara y en la que Leopoldo Bruglia ya no integra el tribunal porque fue desplazado, precisamente, por la llegada de Yadarola. Si no se hubiera tomado licencia, estas decisiones se hubieran demorado porque él no conocía los casos ni participó de las audiencias en las que se trataron.
En el fallo que quedó confirmado, Ercolini le dio la razón al defensor de Caputo, Matías Cuneo Libarona, y sostuvo que “las conductas atribuidas no resultaban constitutivas de delito alguno”. Para la Cámara, en la causa no se precisó “cuáles fueron objetivamente las acciones (de Caputo) orientadas a beneficiar a un actor en particular” en el marco de la emisión de los bonos, “cuál fue aquel beneficio” y cuál sería la “información reservada” que se utilizó.
El fiscal, en desacuerdo
Pero a juicio del fiscal Rívolo, en cambio, la decisión de sobreseer al ministro “fue dictada de modo prematuro y sin valorar correctamente la prueba acumulada”.
En el pedido de reapertura de la causa, la fiscalía había destacado que era “sumamente importante recordar” que “Caputo utilizó a la firma ‘L.C’ para facturar a ‘Noctua Asset Management’ la prestación de ‘servicios empresariales profesionales técnicos y servicios financieros’, entre el 3 de marzo de 2016 y el 6 de abril de 2017, es decir, mientras ya era funcionario público”.
El fiscal sostuvo que el investigado no solo asesoraba al fondo Noctua Asset Management en materia de inversiones y facturaba por ello a través de la sociedad L.C Advisors, sino que además “fue dueño indirecto” de todo ese conglomerado empresario a través de la sociedad Princess.
¿De quién era Princess? En este punto, el fiscal y el juez discrepan. Según Ercolini, “más allá de figurar Luis Caputo como accionista, era su hermano Flavio Caputo quien revestía tal calidad”. El juez sostuvo esto basado en un acuerdo privado celebrado entre los hermanos en 2009.
Rívolo desconfía de ese documento presentado en su momento ante las autoridades de las Islas Caimán para abrir la sociedad. Y agregó otro dato: el acuerdo privado entre los Caputo “fue suscripto ante un escribano familiar de ambos, y que fue presentado por la defensa recién en el año 2019, a pesar de que la presente investigación se inició en el año 2017″.
Aparentemente, el escribano familiar del ministro y su hermano es Claudio Caputo, actualmente fallecido y padre de Santiago Caputo, el hoy asesor del presidente Milei.
Para el fiscal, Caputo “sin lugar a dudas” debió haber informado todo esto ante la Oficina Anticorrupción (OA) para evitar una incompatibilidad en el cargo y también al fisco “para abonar los correspondientes tributos, lo cual -dijo Rívolo- recién se realizó en el año 2016″.
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