El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó su período ordinario de sesiones sin evaluar ni emitir un dictamen sobre la presentación efectuada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. De esta manera, el organismo internacional postergó el tratamiento del pedido para revertir la condena en la causa Vialidad y suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una decisión que complica las aspiraciones electorales de la exmandataria en medio de la disputa interna que mantiene con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
La estrategia ante los tribunales internacionales quedó formalizada a través de un escrito elevado por los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego Borrego ante el órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El planteo argumenta el agotamiento previo de las instancias judiciales en el país —tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 10 de junio de 2025— y solicita la adopción de tres medidas cautelares urgentes abocadas a frenar lo que definieron como una "proscripción electoral", revisar la integración de los tribunales de casación y modificar las condiciones de su detención.
En el texto presentado ante la ONU, los letrados denunciaron una presunta “violación de la garantía del juez natural, la utilización de maniobras de asignación irregular de expedientes (forum shopping) y la existencia de vínculos personales estrechos entre jueces, fiscales y dirigentes políticos opositores, configurando tribunales carentes de imparcialidad”. Asimismo, cuestionaron que la sentencia le imputó una responsabilidad penal por “actos de gestión administrativa que no le correspondían en el marco constitucional” y reclamaron la intervención de un “tribunal competente, independiente e imparcial” con capacidad para efectuar un control judicial amplio.
Frente a este reclamo, juristas y fuentes judiciales recordaron que el sistema legal argentino no contempla una cuarta instancia de revisión tras los fallos de la Corte Suprema. En ese sentido, remarcaron que los dictámenes del Comité de Derechos Humanos no tienen carácter vinculante ni potestad para anular decisiones del Poder Judicial local, limitándose a emitir eventuales sugerencias al Poder Ejecutivo Nacional. En paralelo, señalaron que la pena de inhabilitación especial es “consecuencia directa del delito cometido y corroborado por todas las instancias judiciales”, al tiempo que destacaron que dicha sanción jamás fue apelada por la defensa desde el dictado de la sentencia inicial por parte del Tribunal Oral Federal N° 2.
En la actualidad, la expresidenta cumple la condena a seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario en el inmueble de la calle San José 1111, tras ser hallada responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, y se encuentra excluida del padrón electoral. A este cuadro procesal se le suman las próximas instancias de juzgamiento por las causas Cuadernos y Hotesur - Los Sauces, cuyas eventuales penas se acumularán en caso de quedar firmes.
Tras la finalización del calendario anual de otoño del organismo con sede en Ginebra, la solicitud de la defensa recién podrá ser evaluada a partir del primer trimestre del año próximo. El protocolo del Comité exige dar traslado formal al Estado denunciado para que elabore sus observaciones sobre admisibilidad y fondo, otorgando luego un plazo de réplica a los demandantes, un trámite administrativo que habitualmente insume entre dos y tres años de resolución.
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