Malas noticias para el oficialismo en el Senado: el Súper RIGI -un proyecto de incentivo para grandes inversiones- no pudo obtener dictamen ayer debido a una oposición de último momento de los aliados del PRO, la UCR y el peronismo disidente, que demandan proteger más los insumos nacionales.
Los aliados, en efecto, restaron quórum a la reunión y condicionaron su acompañamiento a una nueva modificación de la propuesta impulsada por el Gobierno. Era una reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, pretendía alzarse con el dictamen de la propuesta, que ya tiene la media sanción de Diputados, para ofrecerle una victoria legislativa inicial a la Casa Rosada. No pudo ser.
LA ADVERTENCIA DE BULLRICH
Al término de la reunión, Bullrich, señaló a los medios acreditados en el Congreso: “Si tienen tanto problema, nos quedamos con el RIGI”. Ese sistema es el que está vigente hoy y se pensó para atraer inversiones de más de 200 millones de dólares en sectores como energía o minería. El salto al “Super” busca atraer inversiones de más de 1000 millones de dólares en lo que se llama “industrias del futuro”. Como por ejemplo Inteligencia Artificial
El radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), el justicialista no K Carlos Espínola (Corrientes) y el jefe del bloque PRO, Martín Goerling (Misiones), fueron los que se plantaron pidiendo cambios. En concreto, exigen mejores condiciones y una suba en la participación de empresas nacionales en los grandes proyectos de inversión.
Justamente, una de las modificaciones que aceptó el Gobierno era fijar condiciones precisas sobre el artículo vinculado con el denominado “compre nacional”, que apunta a incentivar la contratación de proveedores locales.
En la media sanción de Diputados se estableció que los planes de inversión deberán contemplar un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo equivalente al 20% del monto destinado al pago de proveedores. Los senadores dialoguistas pidieron que esa protección se limite a bienes producidos en la Argentina. Pero, según trascendió, los aliados piden que se eleve ese porcentaje al 30% con posibilidad de llevarlo al 40%.
Esa condición es difícil y casi imposible que sea aceptada por el ministro de Economía, Luis Caputo. Y Bullrich lo sabe.
Por eso, al no tener un guiño desde el Ejecutivo, la senadora sólo validó los cambios relacionados con el 20% a favor de bienes locales y que las inversiones por más de 1.000 millones de dólares que plantea la iniciativa reaseguren la “capacidad de conexión al sistema eléctrico” y un esquema de abastecimiento para cubrir la demanda máxima, sin afectar la seguridad del sistema.
Lo que sí queda claro es que el texto, de llegar en alguna ocasión al recinto, volverá en segunda revisión a Diputados porque sufrirá cambios.
A los aliados, pues, no los conformó la forma en que está expresado en el proyecto las garantías para el compre nacional. Sintieron que, durante el debate en comisión, desde el oficialismo trataron de bajarle el precio al compre argentino. Por cierto, ese requisito se había incluido en Diputados por pedido de la Unión Industrial Argentina (UIA), hoy enfrentada al gobierno.
Las incorporaciones en cuestión fueron leídas por el libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el porteño Agustín Monteverde, que cometió el error de decir que el plenario de comisiones pasaba a “cuarto intermedio”, pese a la intención de comenzar a recolectar las firmas de un despacho que no llegará, por ahora, a buen puerto. Tuvo que ser silenciado por sus colegas. Vale aclarar que, además de los tres mencionados, la macrista Victoria Huala (La Pampa) tampoco avaló hasta el momento lo que quiere el oficialismo. Cuestión que las firmas no estuvieron.
Tanto Abad como Espínola, Goerling y Huala son clave para que el oficialismo tenga el número para sacar el dictamen y poder llevar la propuesta al recinto (la intención de Bullrich era tratarlo en una sesión del 10 de septiembre). Pero no fueron los únicos que mandaron una señal al Gobierno.
Hubo otros aliados que pegaron el faltazo a la reunión plenaria como Alejandra Vigo (Provincias Unidas), Flavio Fama (UCR), Andrea Cristina (PRO), Guillermo Andrada (Convicción Federal), Beatriz Ávila (Independencia) y la neuquina Julieta Corroza.
En este escenario, Monteverde -preside el plenario por ser el presidente de Pesupuesto- tuvo que postergar hasta la próxima semana el debate y así intentar otra vez la movida para conseguir el dictamen.
Pero previo al tratamiento del Súper RIGI, el Senado debatió el proyecto para crear el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una propuesta destinada a promover inversiones productivas desde los 12 millones de dólares, impulsada por el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi.
Esa audiencia comenzó con polémica porque el peronista chaqueño Jorge Capitanich aseguraba que no estaba reunido el quórum. El dato era correcto aunque el oficialismo lo hizo sentar para que haga efectiva su queja y así se logró el número para arrancar el debate.
La pelea terminó siendo un dato anecdótico porque, en rigor, la propuesta de Vischi -al igual que el Súper RIGI- tampoco tenía las firmas para aprobar el dictamen. El RIIR era parte del acuerdo entre el oficialismo y los radicales para habilitar ambas propuestas y tratarlas en el recinto en una sesión de la próxima semana, que prácticamente quedó descartada ante la falta de votos.
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