Los fondos fiduciarios volvieron a quedar bajo la lupa por el manejo de miles de millones de dólares que, según sectores de la oposición, permanecen acumulados bajo la órbita del Ministerio de Economía y podrían ser utilizados de manera discrecional.
La controversia se profundizó a partir del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (SisVial), financiado con recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue denunciado ante la Justicia por el supuesto incumplimiento en la utilización de esos recursos para su destino original: el mantenimiento y la reparación de rutas.
El caso volvió a poner el foco sobre una herramienta que el presidente Javier Milei había cuestionado al comienzo de su gestión. En 2024, el mandatario anunció que avanzaría sobre esos fideicomisos al considerarlos “cajas de la política”. Sin embargo, actualmente unos 27 fondos continúan vigentes.
Economía concentra el control de los fondos
Los fondos fiduciarios son instrumentos estatales que cuentan con recursos asignados a objetivos específicos, como financiar infraestructura vial, obras hídricas o subsidiar el consumo residencial de gas.
Desde 2024, su administración quedó centralizada en el Palacio de Hacienda. El decreto 215/2024 designó al Ministerio de Economía como fiduciante en representación del Estado Nacional en todos los fondos integrados total o parcialmente con bienes o recursos públicos y le otorgó la dirección de esos fideicomisos.
Entre ellos aparece el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), que hasta fines de junio estuvo bajo la conducción de Noelia Ruiz, una funcionaria vinculada a Santiago Caputo.
Ese fideicomiso llegó a manejar un presupuesto cercano a los US$150 millones. Sin embargo, a comienzos de este año el Ejecutivo redujo a cero el aporte que realizaban las empresas ensambladoras de Tierra del Fuego y que financiaba el fondo desde su creación en 2021.
Pese a ello, continúan en marcha proyectos previamente aprobados, entre ellos un puerto en Río Grande y la construcción de hoteles. La responsable del FAMP renunció recientemente y, según una fuente consultada, Economía no renovó los cargos de conducción.
El FAMP, sin embargo, no figura entre los 20 fondos fiduciarios que aparecen “en disolución” en el último informe de la Secretaría de Hacienda. En ese listado sí se encuentran, entre otros, el fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
La oposición calcula más de US$3.000 millones acumulados
Entre los fideicomisos que continúan operativos se encuentran el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte, el destinado a Infraestructura Hídrica y el correspondiente a Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
Desde la oposición cuestionan que buena parte de esos recursos se encuentre actualmente concentrada bajo la administración del Ministerio de Economía, cuando anteriormente los distintos fondos estaban distribuidos entre diferentes áreas del Gobierno.
De acuerdo con registros del Instituto Consenso Federal, dirigido por el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, los fondos fiduciarios habrían acumulado hasta 2025 más de US$3.000 millones, mientras que la proyección indica que el monto podría alcanzar los US$4.000 millones a fines de 2026.
Rodríguez estimó para este año un resultado cercano a los US$956 millones. La proyección parte de datos oficiales que indican que, durante el primer trimestre de 2026, el resultado financiero acumulado de los fondos fiduciarios equivalió a unos US$239 millones, calculados al tipo de cambio promedio.
El debate tomó mayor dimensión a partir de los cuestionamientos sobre el SisVial. La diputada Victoria Tolosa Paz denunció que una porción considerable de los recursos recaudados para financiar obras viales permanecía colocada en inversiones financieras.
Según la presentación, al 31 de mayo de 2026 el fideicomiso mantenía más de $1,001 billones invertidos en plazos fijos y títulos públicos, mientras otros $37.761 millones permanecían inmovilizados en una cuenta corriente.
En conjunto, más de $1,038 billones no habían sido destinados hasta ese momento a la ejecución de obras viales.
La denuncia sostiene además que, durante los dos años y medio analizados, la recaudación asignada al SisVial alcanzó los $1,503 billones, pero solamente $394.406 millones habrían sido aplicados a su finalidad específica.
De acuerdo con esos cálculos, la subejecución alcanzaría el 73,8%.
La presentación judicial también plantea dudas sobre si la totalidad de los recursos recaudados ingresó efectivamente a la cuenta fiduciaria y reclama que la Justicia determine cuál fue el circuito y el destino de esos fondos.
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