La oposición en la Cámara de Diputados comenzó a reagruparse con el objetivo de alcanzar el quórum y avanzar con una agenda propia que incluye dos asuntos sensibles para el Gobierno de Javier Milei: el crecimiento del endeudamiento y la morosidad de las familias y la posibilidad de extender por un año la emergencia en discapacidad.
Unión por la Patria (UP), sectores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda, Encuentro Federal y diferentes bloques provinciales comenzaron a medir sus fuerzas de cara a las próximas sesiones. Entre ellos aparecen representantes de Misiones y Salta, además de Natalia de la Sota, de Córdoba, y Jorge Fernández, de San Luis.
Según los cálculos opositores, ese conglomerado reúne actualmente alrededor de 122 diputados, por lo que se encuentra a siete votos de los 129 necesarios para conseguir quórum y habilitar una sesión con temario propio.
Una estrategia en dos etapas
El primer movimiento podría producirse durante la sesión prevista para este miércoles. La oposición analiza solicitar una ampliación del temario, aunque reconoce que no cuenta con las tres cuartas partes de los votos necesarias para aprobarla.
El objetivo, en ese caso, no sería conseguir inmediatamente la incorporación de los proyectos, sino utilizar la votación para medir fuerzas, detectar posibles aliados y determinar con mayor precisión qué legisladores podrían acompañar una futura convocatoria.
La mirada está puesta especialmente en diputados que responden a gobernadores que durante las últimas semanas tomaron distancia de la Casa Rosada. Entre ellos aparecen legisladores tucumanos y catamarqueños, que en conjunto representan alrededor de seis votos y podrían resultar decisivos.
Con ese panorama definido, los bloques opositores pretenden avanzar posteriormente con un pedido de sesión especial para discutir los dos temas.
El endeudamiento de las familias
Uno de los ejes será el incremento de la morosidad, un fenómeno que el Gobierno rechaza vincular con su política económica.
Milei se refirió al tema durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde aseguró que “no hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando con la morosidad” y sostuvo que quienes toman deuda también tienen responsabilidad sobre esa decisión.
El Presidente volvió sobre la cuestión durante una reunión de Gabinete, donde negó que los indicadores muestren una situación de crisis y afirmó que el incremento de los atrasos en los pagos comenzó a revertirse.
Las declaraciones generaron cuestionamientos opositores, especialmente ante el tratamiento de la denominada ley de Inocencia Fiscal II, impulsada por el oficialismo. Los bloques críticos de la Casa Rosada plantean que existe una contradicción entre ofrecer mecanismos de regularización para fondos no declarados y responsabilizar a las familias por su nivel de endeudamiento.
De acuerdo con un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), realizado sobre datos del Banco Central correspondientes a junio, la irregularidad de los hogares llegó al 15,5% al contabilizar las deudas con bancos y proveedores no financieros de crédito, entre ellos las billeteras virtuales.
El relevamiento registró 20,96 millones de personas endeudadas en el sistema, de las cuales 5,91 millones presentaban atrasos. De ese total, 2,90 millones tenían deudas irregulares exclusivamente con proveedores no financieros; 1,66 millones, únicamente con bancos; y otros 1,36 millones registraban problemas en ambos canales.
Además, desde febrero de 2024 se incorporaron unos 2,6 millones de nuevos deudores morosos.
Frente a este escenario, en Diputados fueron presentadas distintas iniciativas. Algunas proponen establecer límites a los intereses y punitorios cobrados por entidades crediticias, mientras otras plantean regímenes para reestructurar deudas, declarar una emergencia social o fijar topes a las tasas.
La emergencia en discapacidad
El segundo frente que intentará instalar la oposición será la situación de las personas con discapacidad. La emergencia fue reglamentada por el Gobierno en febrero, luego de una intimación de la Justicia Federal. Sin embargo, organizaciones, familiares y prestadores continúan denunciando demoras, recortes y dificultades en la ejecución de los recursos destinados al sector.
La Ley 27.793 establece la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla la posibilidad de extenderla durante un año más. En ese marco, el diputado Juan Marino (UP) presentó un proyecto para aplicar esa prórroga, que consiguió adhesiones de diferentes espacios opositores.
Entre los firmantes figuran legisladores de Misiones y Salta, cuyos espacios preparan además un reordenamiento parlamentario. Este miércoles, media hora antes de la sesión, presentarán formalmente un nuevo bloque con la presencia de los gobernadores Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua.
El espacio estará conducido por el misionero Oscar Herrera Ahuad y buscará establecer una dinámica de negociación “ley por ley” con el oficialismo, con especial atención a las demandas de las provincias que representa.
En paralelo, quienes impulsan la extensión de la emergencia enviarán una nota al presidente de la Comisión de Discapacidad, el libertario Gerardo Huesen, para reclamar la convocatoria inmediata del cuerpo y el tratamiento del proyecto.
La agenda de la visita papal
La discusión por discapacidad adquiere además relevancia ante la visita del papa León XIV prevista para noviembre. La Iglesia sigue con atención la situación del sector y uno de los posibles puntos del itinerario del pontífice sería el Instituto Don Orione, ubicado en Claypole y dedicado a la atención de personas con discapacidad.
El próximo 30 de agosto está previsto que llegue al país una segunda misión de avanzada de la Santa Sede para recorrer y evaluar los posibles escenarios de las actividades del Papa en la Argentina.
Entre los lugares que se encuentran bajo análisis figura justamente Don Orione, en momentos en que la oposición intenta convertir la prórroga de la emergencia en discapacidad en uno de los principales debates de la Cámara de Diputados.
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