Frente a los cuestionamientos, el Gobierno bonaerense responsabilizó a la Justicia por la imposibilidad de retirar de manera ordenada los insumos y elementos que permanecían en el predio. Según explicó, el desalojo fue dispuesto de forma “intempestiva” el 13 de marzo de 2025, cuando se ordenó restituir el inmueble a sus anteriores propietarios y finalizar su cesión al Municipio de Pilar.
El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, recordó que el edificio había sido embargado en el marco de una investigación por lavado de dinero y posteriormente destinado a fines sociales. Según sostuvo, la Provincia impulsó su expropiación para instalar allí distintas dependencias públicas y, durante la pandemia, el lugar fue utilizado como vacunatorio.
Bianco afirmó que la situación cambió cuando un juez federal resolvió devolver el inmueble “de un día para el otro”. Desde ese momento las autoridades quedaron imposibilitadas de ingresar o realizar tareas en el predio.
El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, aseguró que la orden judicial no permitió retirar los elementos de trabajo, las vacunas ni los demás insumos vinculados con el funcionamiento del centro sanitario. Agregó que el inmueble permaneció custodiado más de un año para garantizar su restitución, lo que habría impedido recuperar esos materiales y cerrar las instalaciones de manera ordenada.
Kreplak lamentó el actual estado de abandono y vandalización del complejo y recordó que allí se aplicaron más de 440 mil dosis contra el Covid-19. También señaló que, una vez finalizada la campaña de vacunación, el establecimiento continuó funcionando como un espacio sanitario de referencia para Pilar y la región.
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