El gobierno de la provincia de Buenos Aires abrió expedientes contra las principales billeteras virtuales tras recibir 2.240 denuncias por presuntos abusos en créditos y morosidad. La cifra supera ampliamente la registrada a nivel nacional y volvió a poner en discusión la falta de regulación sobre las condiciones de financiamiento que ofrecen esas plataformas.
Las actuaciones podrían derivar en multas de hasta $1.883 millones por empresa, según informó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación bonaerense Augusto Costa. La provincia sostiene que su margen de acción no pasa por regular tasas ni dictar política financiera, sino por aplicar la Ley de Defensa del Consumidor ante posibles incumplimientos en información, trato y mecanismos de cobro.
Costa afirmó que el aumento del endeudamiento en los últimos años “es objetivo” y planteó que el problema no puede leerse solo como una decisión individual de cada usuario. A su juicio, el cuadro responde también a la política económica y a un esquema de desregulación que impacta sobre las familias.
Las investigaciones apuntan a empresas fintech que ofrecen préstamos desde billeteras virtuales bajo condiciones que, según el ministro, son “de muy difícil cumplimiento”. El foco está puesto en la claridad de los términos y condiciones de las aplicaciones de pago y comercio electrónico, así como en la información concreta sobre tasas, plazos y costos financieros.
Costa resumió el criterio de la provincia en una frase: “Lo que hicimos fue imputarlos por incumplir con la obligación de informar claramente las condiciones particulares de los créditos”.
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