El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, expuso ante legisladores de ambas cámaras los ejes centrales del proyecto de Ley Impositiva 2027. Durante el encuentro con los integrantes de las comisiones de Presupuesto, el funcionario explicó que la iniciativa profundiza la línea sostenida por el Ejecutivo provincial desde 2019, basada en distribuir el esfuerzo fiscal según la capacidad contributiva y evitar incrementos reales en los gravámenes patrimoniales.
“Es una ley que consolida los avances logrados en materia de progresividad hasta acá”, afirmó el titular del organismo tras la reunión parlamentaria.
Uno de los puntos destacados de la propuesta recae sobre el Impuesto Automotor, dado que el 88,6% del parque vehicular bonaerense abonará un monto nominal inferior a lo largo de 2027. Esta medida amplía el alcance del esquema vigente durante el presente ciclo, período en el cual tres de cada cuatro propietarios registraron disminuciones en sus boletas.
El texto conserva las cinco escalas de alícuotas —que oscilan entre el 1% y el 4,5%— y mantiene el cronograma de pago dividido en diez cuotas mensuales a partir de marzo. La reducción en el tributo surge de combinar la evolución en la valuación de los rodados con la continuidad de la tabla vigente, factor que desplazará a una amplia porción de los vehículos hacia tramos más bajos. “Estamos consolidando una política que empezamos el año pasado: hacer más equitativa la patente y reducir su peso para la enorme mayoría de quienes tienen un vehículo”, sostuvo Girard.
Respecto del Impuesto Inmobiliario, la iniciativa oficial establece una actualización promedio del 30,4% para la planta Urbana Edificada, con un techo fijado por la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. De acuerdo con los cálculos técnicos de ARBA, el 89,3% de las partidas urbanas afrontará una suba anual inferior a los $50.000, mientras que para el segmento Inmobiliario Rural el ajuste promedio alcanzará el 29,3%. En cuanto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el proyecto no introduce cambios en las alícuotas actuales, pero eleva un 31% los topes de facturación.
Esta última adecuación permitirá que alrededor de 38.000 pequeñas y medianas empresas desciendan de categoría tributaria, lo que evita que la dinámica inflacionaria empuje de forma automática a firmas de menor porte hacia cargas más elevadas.
El paquete normativo suma además un régimen de regularización enfocado en agentes de recaudación de Ingresos Brutos, con beneficios específicos para las pymes. El programa ofrece financiación de hasta 48 cuotas, quitas de intereses de entre el 20% y el 60% y la condonación total de multas y recargos. De manera complementaria, habilitará la rehabilitación de planes de pago caducos de cualquier tributo provincial y permitirá saldar cuotas vencidas sin intereses resarcitorios por mora.
En el tramo final de su presentación, Girard vinculó el diseño tributario con el complejo panorama macroeconómico previsto para 2027. El funcionario advirtió que la retracción en la industria, la construcción y el comercio —rubros que aportan cerca del 70% de los ingresos propios de la Provincia— condiciona las metas fiscales del próximo ejercicio. Frente a ese escenario adverso, subrayó la necesidad de sostener una estructura impositiva equitativa que resguarde los recursos estatales sin recargar el peso sobre los sectores medios y el entramado productivo local.
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