El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, salió a cuestionar duramente los alcances de la nueva Ley de Migraciones que, por impulso del gobierno de Javier Milei, establece que los hospitales públicos nacionales puedan cobrarle las prestaciones no urgentes a extranjeros sin residencia permanente en el país. A través de su cuenta de la red social X, el funcionario advirtió que, al menos en territorio bonaerense, esa medida “es inconstitucional”.
Para ello, se basó en el Artículo 36 inciso 8 de la constitución provincial que -recordó- dice que “la Provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos; sostiene el hospital público y gratuito en general, con funciones de asistencia sanitaria, investigación y formación; promueve la educación para la salud”, y agregó que también los “medicamentos por su condición de bien social integran el derecho a la salud” y que “la Provincia a los fines de su seguridad, eficacia y disponibilidad asegura, en el ámbito de sus atribuciones, la participación de profesionales competentes en su proceso de producción y comercialización”.
Por eso, para Kreplak la reglamentación que el Ejecutivo nacional oficializó el martes “es inconstitucional, incluso en los hospitales nacionales en terreno de la provincia de Buenos Aires”.
Y criticó la decisión como “una bomba de humo para que discutamos su infinita crueldad y deshumanización y no discutamos del dolor y sufrimiento que produce su ajuste”.
Para el ministro de Axel Kicillof, la disposición del gobierno de Milei tiene como “objetivo destruir la concepción de la salud como un derecho”.
LA MEDIDA NACIONAL
Aunque el cobro a extranjeros por el uso de los hospitales públicos en casos que no sean de emergencia comenzó hace algunos años en provincias del norte del país, en marzo de 2025 la ciudad de Buenos Aires y ahora el Gobierno nacional avanzaron con normativas similares en los centros de salud que están bajo sus respectivas órbitas.
En este marco, la Resolución 1066 del Ministerio de Salud de la Nación aprobó el procedimiento operativo para la atención de personas extranjeras en establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional, de acuerdo con la modificación la Ley de Migraciones, que dispone cómo se debe gestionar la atención a pacientes sin residencia permanente en el país.
Según se aclaró, los extranjeros residentes podrán acceder al sistema público de salud en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos, mientras que quienes no cuenten con residencia permanente deberán presentar un seguro de salud válido o abonar previamente la prestación correspondiente.
No obstante, “la asistencia en casos de emergencia continuará garantizada para todas las personas, cualquiera sea su situación migratoria”, subraya la norma nacional que ya comenzó a regir.
En estos casos, se advierte que “la atención de emergencia no podrá ser negada ni demorada por la realización de trámites administrativos” y precisa que se entiende por emergencias a todos los casos que impliquen “un riesgo cierto e inminente para la vida o las funciones vitales”.
En este escenario, las diferencias latentes entre la Nación y la Provincia volvieron a resurgir. Al punto que Kreplak opinó que la medida libertaria responde a “una cuestión de propaganda”, ya que -según aseguró- la atención a extranjeros apenas representa el 0,5% de las prestaciones en los hospitales públicos y “no tiene ninguna afectación en el sistema de salud” bonaerense. Además, la valoró como un mecanismo distractor por parte de la Casa Rosada “ante la clarísima crisis que tiene la sociedad, la seguridad social y el sistema sanitario de todo el país”.
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