El gobierno de la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo frente de conflicto con Mercado Libre. A través de una actuación de oficio, la administración de Axel Kicillof imputó a la empresa fundada por Marcos Galperin por presuntas irregularidades en contratos de adhesión y términos de uso vinculados a su ecosistema de comercio electrónico y servicios financieros.
La investigación fue impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, que conduce Augusto Costa, luego de detectar cláusulas que podrían violar la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
Según informó la Provincia, Mercado Libre tendrá cinco días hábiles e improrrogables para presentar un descargo y ofrecer una propuesta de modificación o eliminación de las cláusulas cuestionadas. Si no lo hace, podría enfrentar una multa de hasta $1.815 millones.
La fiscalización incluyó tanto las condiciones generales de uso de la plataforma como los términos y condiciones de préstamos personales, compras y pagos de Mercado Pago. El análisis estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, que aseguró haber identificado más de diez cláusulas con presuntas infracciones.
Entre los puntos observados figuran mecanismos de aceptación tácita de cambios contractuales, cláusulas que trasladan toda la responsabilidad al usuario ante accesos indebidos o fraudes y disposiciones vinculadas con el cobro de tarifas sin suficiente precisión previa.
La Provincia también cuestionó cláusulas de indemnidad a favor de la empresa, exenciones anticipadas de responsabilidad, débitos sobre cuentas de terceros y la fijación de jurisdicciones que podrían perjudicar a los consumidores.
“El análisis abarcó las condiciones generales de uso del ecosistema MELI y los términos vinculados a Mercado Pago”, explicó el gobierno bonaerense en un comunicado oficial.
Otro dato que encendió las alarmas en la administración provincial fue la cantidad de denuncias recibidas. Según el Ministerio de Producción, Mercado Libre acumuló 2.396 reclamos individuales en los primeros cuatro meses del año, lo que la convirtió en la empresa con mayor cantidad de denuncias en territorio bonaerense.
Los reclamos más frecuentes estuvieron relacionados con fraudes, estafas, pérdida de productos y conflictos para concretar devoluciones o ejercer el derecho de arrepentimiento.
Desde Mercado Libre rechazaron las acusaciones y remarcaron que la imputación corresponde a “una instancia inicial de revisión administrativa” y no implica una sanción efectiva.
“Rechazamos las acusaciones planteadas y presentaremos el descargo correspondiente en tiempo y forma”, señalaron desde la compañía ante consultas periodísticas. Además, defendieron sus políticas de funcionamiento y sostuvieron que los términos y condiciones son “claros, transparentes y alineados con la normativa vigente”.
La empresa también relativizó el volumen de reclamos. Argumentó que millones de personas utilizan sus plataformas todos los días y que el nivel de denuncias es bajo en relación con la cantidad de operaciones procesadas.
La disputa aparece además en medio de otra pelea que Mercado Libre mantiene con el sistema bancario y organismos regulatorios por cuestiones de competencia e interoperabilidad en medios de pago digitales.
La billetera Modo, respaldada por más de 30 bancos, denunció a Mercado Libre en 2024 ante la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por supuestas prácticas anticompetitivas vinculadas con Mercado Pago.
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