El gobierno de la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo frente de conflicto con Mercado Libre y Mercado Pago. La administración de Axel Kicillof intimó a la compañía fundada por Marcos Galperin para que elimine una serie de cláusulas consideradas abusivas en sus términos y condiciones y advirtió que, si no lo hace, podría enfrentar una multa de hasta $1.815 millones.
La decisión surgió tras una investigación de oficio impulsada por la Dirección Provincial de Defensa los Consumidores, que depende del Ministerio de Producción bonaerense. Según explicó el ministro Augusto Costa, la empresa acumuló más de 2.400 denuncias de usuarios en el primer cuatrimestre del año, una cifra que la convirtió en la compañía más denunciada de la provincia.
Las quejas abarcan problemas con devoluciones de productos, operaciones desconocidas por los usuarios, fraudes, estafas y conflictos vinculados al uso de la plataforma. Pero el foco principal del expediente está puesto sobre el contenido de los contratos de adhesión que aceptan quienes utilizan los servicios de Mercado Libre y Mercado Pago.
Desde el gobierno provincial sostienen que varias de esas cláusulas violan principios básicos de la Ley de Defensa del Consumidor y generan una relación desigual entre la empresa y los usuarios.
Uno de los puntos cuestionados refiere a la posibilidad de cobrar tarifas sin informar previamente el monto, el motivo ni el momento del débito. Para la Provincia, un consumidor no puede aceptar válidamente un cargo cuyo valor desconoce.
También quedó bajo observación la facultad que se atribuye la empresa para modificar unilateralmente los términos y condiciones de uso. Según el expediente, Mercado Libre considera aceptados esos cambios con el simple hecho de que el usuario continúe utilizando la plataforma, sin necesidad de una confirmación expresa.
Otro aspecto sensible tiene que ver con la responsabilidad frente a fraudes o hackeos. El contrato establece que el usuario es el único responsable por lo que ocurra dentro de su cuenta. Para Defensa del Consumidor, la compañía no puede desligarse de su obligación de garantizar seguridad informática y protección sobre las operaciones digitales.
La investigación además cuestiona cláusulas que habilitan a Mercado Pago a retener fondos o compensar deudas entre distintas cuentas, incluso de terceros considerados “relacionados”. La Provincia entiende que esas prácticas exceden el marco permitido en relaciones de consumo.
En el expediente también aparecen observaciones sobre restricciones al acceso a la Justicia. Algunos contratos fijan que cualquier conflicto debe resolverse exclusivamente en tribunales comerciales de la Ciudad de Buenos Aires.
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