La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Gobierno a sostener el pago del programa “Volver al Trabajo” y, de esta manera, el Ministerio de Capital Humano quedó habilitado a discontinuar desde el mes próximo el beneficio de $78.000 mensuales que percibían cerca de 900.000 personas en todo el país. Le medida abre paso al cierre definitivo del plan para reemplazarlo por un sistema de vouchers de capacitación laboral. Esto implicaría la eliminación de las transferencias directas y el ingreso pasaría a estar atado a una contraprestación formativa: quienes no cumplan con las capacitaciones no cobrarán el dinero.
En el fallo, los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán argumentaron que la definición de políticas sociales le corresponde al Poder Ejecutivo y no admite revisión judicial en cuanto a su mérito o conveniencia. También remarcaron que el propio decreto que había creado el programa preveía su finalización a los 24 meses -un plazo que ya se había cumplido- por lo que no encontraron motivos para mantener la cautelar dictada en primera instancia por el juzgado de Campana.
Aunque la decisión golpea directamente a los sectores más vulnerables, sus efectos se propagan hacia la clase media a través de canales menos visibles. El principal es el consumo de proximidad: buena parte de esos $78.000 se volcaba de manera casi inmediata al comercio de proximidad, sostenía las ventas en ferias, almacenes, verdulerías, carnicerías y kioscos, y hacía mover la economía en los barrios. Con la baja del beneficio, esos comercios —muchos de ellos sostenidos por familias de clase media— podrían sentir una merma directa en su actividad e ingresos diarios.
EN LA PROVINCIA
Según datos oficiales, con 430.824 beneficiarios que dependen de esta suma, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad personas adheridas al programa. Esto explica por qué el impacto territorial podría sentirse con fuerza en el Conurbano y en el Gran La Plata, donde la situación afectaría a unos 38.000 vecinos.
Si se hace una proyección lineal de ese monto que en general se destinaba a la compra de alimentos en comercios de la periferia, la cifra es contundente. Los $78.000 que cada mes dejarían de recibir los 38.000 trabajadores de la Región representan $2.964.000.000 mensuales.
Es decir, se trata de casi 3.000 millones de pesos al mes que, en gran medida, iban al consumo inmediato y que ahora dejarían de circular en la economía local. En términos anuales, la cifra asciende a $35.568 millones que ya no irían a la compra de bienes básicos como comida en almacenes y supermercados de cercanía; productos de higiene; transporte; indumentaria básica y servicios informales.
Es decir, el recorte no solo significaría un duro golpe para los propios beneficiarios, sino también para comerciantes y trabajadores informales que indirectamente dependen de esa circulación de dinero.
SUSCRIBITE a esta promo especial