La Sociedad Rural Tandil participó el pasado jueves de la reunión mensual de las Sociedades Rurales de la Zona VI de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), realizada en la Sociedad Rural de Lobería, donde los dirigentes analizaron la administración de los recursos de Puerto Quequén y las modificaciones previstas en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa.
Uno de los principales ejes de la jornada estuvo relacionado con la actividad de Puerto Quequén y la reciente designación de Ernesto Poviliatis como presidente del Consorcio de Gestión. Las entidades rurales expresaron su rechazo a que los fondos del organismo sean destinados a obras municipales, como la pavimentación de la avenida Almirante Brown en Quequén.
Según sostuvieron desde Carbap, los recursos del Consorcio deben utilizarse exclusivamente para mejorar la infraestructura portuaria y optimizar la eficiencia logística del hinterland, sin derivarlos hacia objetivos ajenos a la operatividad del puerto.
En ese marco, también se recordó la reunión mantenida con el entonces presidente interino, Mariano Carrillo, en la que se planteó la necesidad de avanzar con las licitaciones de los elevadores operados por Terminal Quequén y ACA. Para los productores, la inversión en las terminales constituye una prioridad para fortalecer la competitividad exportadora de la región.
Otro de los temas abordados fue la representación gremial ante el Consorcio de Gestión, cuyo mandato se encuentra vencido desde agosto. De acuerdo con el convenio regional, el espacio es ocupado de manera rotativa por las instituciones del sector.
Luego de la gestión de Juan Owerkerk, en representación de Coninagro, la Confederación y la Zona VI determinaron que Eugenio Cardenau, presidente de la Sociedad Rural de Necochea, sea quien ocupe la representación del sector agropecuario en esta nueva etapa del organismo.
Por otra parte, los dirigentes manifestaron preocupación por las modificaciones en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa. Señalaron que la reciente campaña de transición, en la que se aplicó una sola dosis a terneros y terneras, presentó dificultades logísticas que podrían profundizarse con la implementación de la Resolución 201/2026 del Senasa a partir de 2027.
La posibilidad de que veterinarios privados realicen la vacunación sin la intervención de las fundaciones genera interrogantes entre las entidades respecto de la trazabilidad y el control sanitario. En particular, cuestionaron quién tendrá a su cargo la auditoría de los profesionales, la gestión de la cadena de frío, la carga de las actas en el sistema SIGSA y el cumplimiento de las campañas de brucelosis y carbunclo.
La falta de definiciones sobre estos aspectos también dificulta que las fundaciones puedan elaborar sus presupuestos y, según plantearon las entidades, pone en riesgo su sostenibilidad operativa.
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