El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, presentó ayer una cuestión de privilegio en la Cámara alta de la Nación para cuestionar la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y reclamar al gobernador, Axel Kicillof, medidas para revertir la crisis que, según sostuvo, atraviesa la obra social provincial.
Durante su intervención, el legislador radical afirmó que el deterioro del organismo afecta el derecho a la salud de más de 2,5 millones de afiliados y consideró que la situación dejó de ser un problema administrativo para convertirse en una emergencia sanitaria. En ese marco, responsabilizó al Gobierno bonaerense por el funcionamiento del sistema y pidió una respuesta “urgente”.
Abad describió un escenario marcado por prestaciones suspendidas, demoras en cirugías y tratamientos, además de dificultades para acceder a distintos servicios médicos. También señaló que las complicaciones alcanzan a trabajadores estatales, docentes, policías, jubilados y sus familias en distintos puntos de la provincia.
En su exposición mencionó especialmente los reclamos registrados en Mar del Plata, donde, según indicó, hubo protestas por la interrupción de prestaciones, dificultades en el transporte para personas con discapacidad y demoras en tratamientos oncológicos. También hizo referencia a la situación de La Plata, donde atribuyó la suspensión de prestaciones médicas a deudas con prestadores.
El senador sostuvo además que las dificultades de IOMA repercuten sobre el conjunto del sistema sanitario bonaerense, al tratarse de la principal obra social de la provincia. En ese sentido, advirtió que los problemas financieros y administrativos del organismo también afectan a clínicas, hospitales y centros de salud que atienden a sus afiliados.
Durante su discurso, citó observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas bonaerense sobre la gestión del instituto. Según señaló, el informe menciona irregularidades administrativas y contables, además de deficiencias en los controles y en la administración de los recursos.
Para el legislador, la situación exige una intervención inmediata del Ejecutivo provincial basada en una reorganización administrativa y financiera del organismo. En ese marco, reclamó mayor transparencia en el manejo de los fondos y una conducción que permita recuperar la calidad de las prestaciones.
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