Los conflictos suscitados por la ocupación legal o ilegal del espacio público, o por la prestación de servicios a las comunas por parte de cooperativas, son motivo de litigios permanentes. En ellos inciden, fundamentalmente, factores aparentemente políticos; sin embargo, en nuestra ciudad existe un factor de poder ausente en otras urbes: los inocultables beneficios económicos por el desarrollo de actividades en lugares estratégicos para la venta de diversos productos. Estas cuestiones, planteadas en otros distritos bonaerenses, ya han motivado manifestaciones con tintes violentos.
De hecho, durante años se permitió la venta de toda clase de artículos en las veredas del centro de La Plata, con el apoyo de verdaderas empresas que aprovisionaban a los puestos e incluso otorgaban una “titularidad” sobre esos espacios públicos. A este fenómeno se sumaron los “trapitos”.
Poder y réditos financieros
En paralelo, año tras año proliferaron en la Ciudad presuntas cooperativas que realizaban tareas financiadas por la Municipalidad y contratadas sin licitación, lo que otorgaba un marcado poder a punteros políticos, además de réditos financieros evidentes.
En los dos últimos meses, las ciudades de Quilmes y Lanús fueron escenario de incidentes violentos canalizados a través de una organización liderada por el diputado nacional Juan Grabois, que reclamaba —por ejemplo— el derecho de instalar cobradores de estacionamiento.
Se trata de los mismos “trapitos” que todavía hoy persisten en La Plata, a pesar de los esfuerzos de la Comuna por evitar desbordes cuando se les exigía a los automovilistas que, además de abonar el estacionamiento medido, pagaran por un servicio informal cuyos miembros hasta pretendían organizar un sindicato. En la capital bonaerense, la cooperativa que promovió los hechos de violencia alrededor del palacio municipal días atrás también formaría parte de la organización liderada por el mencionado legislador nacional.
En realidad, el detonante fue una objeción del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que cuestionó la adjudicación de servicios sin licitación pública. Cuando la comuna local convocó a entidades para que presentaran ofertas para realizar dichas tareas, se desató —paradójicamente— la violenta protesta de al menos una de las cooperativas.
Vínculos con la Universidad
En La Plata, todo adquiere un contorno especial debido al protagonismo que asumen en estos conflictos funcionarios o dependencias del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Al respecto, cabe señalar que tras los violentos incidentes del 26 de junio —detallados en la crónica publicada por este diario—, llegó a nuestra redacción un presunto comunicado de la “Cooperativa de Recicladores Unidos – Federación Argentina de Camioneros, Carreros y Recicladores”. En el texto, denunciaban que el municipio “desmanteló el sistema de reciclado” y sostenían: “Este no es un hecho aislado. El Consejo Social de la UNLP expresó públicamente su acompañamiento en reconocimiento a un vínculo de más de 10 años de programas (...), donde estudiantes, docentes investigadores y cartoneros construyeron juntos una política de educación ambiental basada en una premisa central: no puede haber política ambiental sin inclusión social. Ese vínculo también incluye proyectos de innovación productiva como la transformación de plásticos recuperados en madera plástica”.
El correo electrónico que contenía estas afirmaciones estaba firmado por Candela Reinares, quien aseguró actuar en representación de las mencionadas entidades. Sin embargo, ante el pedido de este medio para que suministrara su número de documento y domicilio, no hubo respuesta. Esa misma reticencia es la que los periodistas de EL DIA han encontrado siempre al formular preguntas sobre las numerosas actividades comerciales y empresariales aparentemente administradas por la Universidad, mediante las cuales factura miles de millones de pesos, en algunos casos en sociedad con el grupo político que lidera Grabois.
Con algunos detalles operativos pero nada financieros, el Rectorado envió un comunicado a esta Redacción sobre los vínculos con esa organización social. Dice que el proyecto nació en 2008 y en 2012 el tema se incorporo a la agenda del Consejo Social. Además, a partir de una iniciativa del Liceo Victor Mercante, en el año 2016 se comenzó el proyecto Puntos Azules, sumando “a la perspectiva ambiental el compromiso social” con promotoras ambientales y cartoneros. Y luego explica que lo vínculos con la economía popular comenzaron pospandemia “para agregar valor regionalmente a los materiales recuperados por las cooperativas que trabajan procesando la bolsa verde”. Procesos de producción y comercialización que se desconoce que montos de dinero obtienen.
La identificación de la conducción de la casa de altos estudios platense con el kirchnerismo es una postura asumida públicamente desde hace años. Desde ese lugar, se adjudica el derecho de intervenir en las internas del peronismo y de instalarse en los barrios periféricos bajo diversas modalidades: desde centros de supuesta extensión universitaria hasta intentos por reemplazar a las comisiones directivas de antiguos clubes vecinales, tal como ocurrió en el Club Abastense Argentino.
la intromisión en la política
Un hecho diferencia la interna peronista de La Plata del resto de las ciudades de la Provincia: la desembozada participación de las máximas autoridades de la Universidad, lo que les permite contar con un presupuesto e instalaciones más que significativos.
Hasta ahora, las actividades y alianzas del Rectorado en ese sentido no habían llamado la atención de la dirigencia política en general, y la relación —incluso comercial— entre algunas de las numerosísimas empresas o emprendimientos de la casa de estudios con un grupo político determinado se mantenía en las sombras.
En verdad, poco se conoce del desenvolvimiento económico de los emprendimientos de la UNLP o de entidades estrechamente vinculadas a ella, como las fundaciones de las facultades, que siguen sin dar respuestas concretas y públicas de sus finanzas.
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