El gobierno de Javier Milei dio esta semana un paso decisivo en su estrategia para transformar las relaciones laborales en el país. A través de la reglamentación de la reforma laboral, sancionada por el Congreso en marzo pasado, el Poder Ejecutivo modificó la prórroga automática de los convenios colectivos cuando vencen, obligando a sindicatos y empresas a renegociar masivamente sus acuerdos en un plazo máximo de un año.
La medida encendió las alarmas en el arco sindical y entre especialistas, quienes advierten que la letra chica del Decreto 407 excede lo aprobado por el Congreso y otorga un poder sin precedentes a la secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero.
El núcleo de la controversia radica en el artículo 4 del Decreto 407, el cual establece que la secretaría de Trabajo considerará formalmente vencidos todos los convenios colectivos cuya fecha de vigencia original haya expirado. Para aquellos convenios antiguos que no consignan una fecha de vencimiento, el Gobierno fijó un límite temporal drástico: el 31 de diciembre de 2026. A partir de un mes de la publicación del decreto, las partes tendrán exactamente un año para discutir nuevas condiciones.
La jugada oficial incluye una facultad clave que los gremios tildan de "provocación": la secretaría de Trabajo podrá suspender la homologación de los acuerdos si considera que las partes no avanzan en la renegociación. Abogados laboralistas señalan que esto podría transformarse en una paritaria especial encubierta, donde el Estado use la presión del vencimiento para imponer topes salariales o forzar la revisión de adicionales, antigüedad y jornadas laborales a la baja.
La respuesta de la CGT fue inmediata. Aprovechando la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, la central obrera formalizó una denuncia contra el Estado argentino por la violación de los convenios 87 y 98, que garantizan la libertad sindical y la soberanía de las partes en la negociación colectiva. "Advertimos con preocupación que el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales", expresó la conducción en un comunicado.
Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y enviado de la CGT a Ginebra, calificó la medida como "una intromisión que rompe la soberanía de las partes", asegurando que el interés del Gobierno va más allá de la ley aprobada. En la misma línea, Héctor Daer alertó que, de generalizarse los reclamos empresarios de caducidad, se abrirá "una conflictividad importante" que terminará inevitablemente en la Justicia.
De hecho, el impacto ya se siente: varias cámaras del sector marítimo ya realizaron presentaciones formales denunciando el vencimiento de sus convenios para forzar una discusión desde cero.
El decreto no solo golpea las condiciones de trabajo, sino también el financiamiento del sistema. La reglamentación hace foco sobre las cuotas solidarias, los aportes que sindicatos, desde ahora 2% de las remuneraciones, y cámaras empresarias, el 0,5% perciben de afiliados y no afiliados dentro de una actividad.
Con este escenario, el mercado laboral argentino ingresa en un terreno de profunda incertidumbre. Mientras el Gobierno apuesta a una flexibilización de los viejos convenios para ganar competitividad, los sindicatos se preparan para resistir lo que consideran el mayor avance sobre sus estructuras y derechos en décadas.
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