Las rectoras y los rectores de instituciones universitarias públicas reunidos en el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestaron su profunda preocupación y su rechazo a la propuesta de modificación del régimen de protección de tierras, que avanza en la eliminación o flexibilización de los límites a su extranjerización.
Según se explicó en el comunicado, la posición del organismo constituye, ante todo, una manifestación en defensa de la soberanía nacional, sustentada en el conocimiento científico y técnico que producen las universidades públicas del país.
En ese sentido, el documento remarcó que las universidades cuentan con carreras, centros, institutos y equipos de investigación especializados en ciencias ambientales, ingeniería ambiental, geología, antropología, biodiversidad, recursos naturales, ordenamiento territorial, producción y desarrollo regional. Ese conocimiento acumulado, según señalaron, permite advertir sobre los riesgos ambientales, sociales, económicos y geopolíticos asociados a los procesos de concentración y extranjerización de la tierra, en particular cuando involucran territorios fronterizos, fuentes y reservas de agua, bosques nativos, áreas de biodiversidad, recursos minerales y otros bienes naturales estratégicos.
"La tierra no puede ser concebida únicamente como una mercancía o un activo financiero. Es territorio, ambiente, producción, identidad, comunidad y soberanía. En ella se encuentran recursos indispensables para nuestro presente y, fundamentalmente, para las próximas generaciones", sostuvo el CIN en su comunicado.
El documento también advirtió sobre el contexto internacional actual, atravesado por una creciente disputa por el agua, los alimentos, la energía, los minerales y los recursos naturales, lo que —según remarcaron— vuelve particularmente preocupante la promoción de mecanismos que faciliten la adquisición de grandes extensiones del territorio nacional. El organismo consideró aún más grave la posibilidad de habilitar instrumentos contractuales que permitan que controversias vinculadas con esas propiedades o inversiones queden sometidas a jurisdicciones o marcos jurídicos externos al Estado argentino.
El CIN aclaró que su postura no implica un rechazo a las inversiones extranjeras ni una promoción del aislamiento, sino que apunta a establecer una distinción central: "La inversión extranjera puede contribuir al desarrollo nacional, pero nunca debe significar la pérdida de capacidad del Estado argentino para decidir soberanamente sobre su territorio y sus recursos estratégicos".
Asimismo, el organismo remarcó que las universidades públicas tienen la responsabilidad de intervenir en este debate, no solo por su rol en la formación de profesionales y la producción de conocimiento, sino porque ese conocimiento debe estar al servicio de la sociedad y contribuir a las decisiones que comprometen el futuro del país.
Por estas razones, el CIN convocó al Congreso de la Nación y al conjunto de la sociedad argentina a promover un debate amplio, informado y responsable, y a preservar un marco normativo que limite la extranjerización y concentración de la tierra, proteja los bienes naturales estratégicos del país y garantice que las decisiones sobre el territorio argentino permanezcan bajo la soberanía y la jurisdicción de la República Argentina.
"La tierra no es solamente propiedad. Es territorio, comunidad, recursos, futuro y soberanía", concluyó el comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional.
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