La situación judicial de Lázaro Báez, el empresario allegado a la familia Kirchner, volvió a complicarse tras ser imputado en una nueva causa en la que se lo investiga por presuntamente haber liderado desde prisión una red dedicada a explotar algunas de sus empresas, entre ellas Austral Agro S.A. Se trata de una compañía dedicada al sector ganadero, que tras la apertura de este nuevo expediente volvió a quedar en la mira de la Justicia: el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 ordenó que sea liquidada para cubrir con las multas impuestas a Báez y su hijo Martín en la causa “Ruta del dinero K”.
La sociedad fue constituida el 11 de octubre de 2007 por Lázaro Báez y Fernando Javier Butti, con un capital de $50.000. Según el Boletín Oficial, la misma tenía entre sus fines la explotación de actividades agrícolas y ganaderas, como también la compra y venta de inmuebles urbanos y rurales.
En un primer momento, Butti fue nombrado como presidente de directorio, mientras que Báez quedó como director suplente. Sin embargo, con el paso del tiempo la firma quedó en manos de la familia del empresario cercano a los Kirchner: Lázaro pasó a ser director y tenía el 70% de las acciones, mientras que el 30% restante correspondían a su hijo Martín, quien pasó a ser suplente.
A través de varios fallos judiciales, se supo que para 2016 tenía 70 empleados, y que los fondos para el pago de sueldos y otros gastos fueron entregados en efectivo por Lázaro Báez.
Intervención
En 2018, el TOF N°4 ordenó la intervención judicial de Austral Agro en el marco de la causa por lavado de dinero y sobreprecios en la obra pública, por pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Entre los motivos, apuntaron a la “falta de colaboración y reticencia” de Leandro Báez, apoderado de la firma, dado que los veedores judiciales no habían podido acceder a la documentación de la compañía para conocer su funcionamiento y situación patrimonial. Así, se removió a sus autoridades y se designó a un administrador judicial.
Otro antecedente judicial surgió de la investigación por la falta de depósito de aportes previsionales retenidos a los empleados de la empresa. El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 dictó una sentencia en la que acreditó que Austral Agro había retenido aportes de sus trabajadores durante febrero de 2016 sin ingresarlos dentro del plazo legal, por un monto de $113.925,49.
Ahora, Austral Agro volvió a quedar envuelta en otro caso en la Justicia Federal de Río Gallegos. El fiscal federal Julio Zárate y la PROCELAC, con Jorge Rodríguez Ponte a la cabeza, imputaron a Lázaro Báez y otras 16 personas en un caso que investiga una presunta asociación ilícita y lavado de activos.
La hipótesis busca determinar si el empresario, quien cumple una condena unificada de 15 años de prisión en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, dirigió desde prisión una red para administrar y explotar sus bienes pese a que tenían restricciones judiciales, con un flujo de $390.880.000.
En el caso de la firma agropecuaria, habría mantenido el control de distintos establecimientos rurales a través de personas de su confianza, mediante contratos de alquiler y acuerdos para la explotación ganadera.
ACLARACIóN
Por otra parte, sobre causas vinculadas a la “Ruta de dinero K”, el señor Jorge Antonio Galitis dejó en claro que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº7 dictó su sobreseimiento “total y definitivo”, dejando constancia de que el proceso no afectó “mi buen nombre y honor”.
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