Fuera del Gobierno, sin fueros y alejado también del directorio de YPF, Manuel Adorni comenzó a enfrentar las primeras consecuencias procesales de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El juez federal Ariel Lijo resolvió que el exjefe de Gabinete deberá informar y solicitar autorización judicial si pretende salir del país, en una medida impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita.
Desde la fiscalía aclararon que no existe una prohibición para viajar, sino una obligación de poner en conocimiento del tribunal cualquier salida al exterior para que la Justicia evalúe la pertinencia del desplazamiento. El abogado defensor de Adorni, Matías Ledesma, comunicó que su cliente no tiene previsto abandonar la Argentina, luego de que trascendieran versiones sobre una posible mudanza a Uruguay.
Pollicita, además, descartó que existan elementos para considerar un riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, por lo que rechazó avanzar con medidas más severas.
El pedido de los denunciantes
La decisión judicial se conoció después de que la diputada nacional Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, ambos denunciantes en la causa, solicitaran que se le prohibiera salir del país.
Si bien el fiscal rechazó ese planteo, entendió que correspondía establecer un control judicial sobre los viajes del exfuncionario mientras continúa la investigación sobre la evolución de su patrimonio y el de su esposa, Bettina Angeletti.
La investigación patrimonial
En paralelo, Pollicita profundizó las medidas de prueba para determinar si el patrimonio declarado por Adorni guarda relación con sus ingresos.
El fiscal ordenó nuevos requerimientos de información al country Indio Cuá, donde el exfuncionario adquirió una vivienda; a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); y a las plataformas de criptomonedas Binance y Lemon Cash, luego de que Adorni afirmara públicamente haber acumulado unos 500.000 dólares mediante inversiones en activos digitales.
Además, instruyó a los peritos contables de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para que analicen la evolución patrimonial del matrimonio desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. Si detectan inconsistencias, la fiscalía avanzará con un pedido formal para que el exfuncionario justifique el origen de esos fondos.
La casa de Indio Cuá y las compras bajo la lupa
Uno de los principales ejes de la causa es la adquisición de una vivienda en el barrio cerrado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y las costosas obras de remodelación realizadas posteriormente.
Según la investigación, la propiedad fue escriturada por 120.000 dólares, aunque parte de la operación se financió con un préstamo privado y un aporte en efectivo realizado por Adorni y su esposa. El expediente también analiza el origen del dinero utilizado para cancelar esa deuda.
En ese contexto, el contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia que recibió 245.000 dólares en efectivo por las refacciones de la vivienda. También quedó incorporado al expediente un audio en el que Adorni le ofrece “todo el soporte que necesites” antes de que prestara declaración como testigo.
La causa también incluye la compra de muebles, electrodomésticos y otros gastos vinculados tanto a la vivienda de Indio Cuá como a un departamento ubicado en la calle Miró, en Caballito.
La investigación incorporó además la declaración de Gisela Kocsis, una exempleada del exfuncionario, quien aseguró haber comprado con su tarjeta un lavarropas y un lavavajillas por unos 3,1 millones de pesos para la vivienda de Indio Cuá y que luego Adorni le reintegró el dinero en efectivo.
A esos movimientos se suman compras de blanquería, mobiliario y refacciones que, según los investigadores, elevaron el gasto total en inmuebles a más de 500.000 dólares.
Otro de los informes incorporados al expediente señala que, entre diciembre de 2023 y abril de 2026, Adorni registró consumos con tarjetas de crédito por alrededor de 139 millones de pesos, con un promedio mensual superior al salario que percibía como funcionario.
Próximo paso de la causa
Con toda esa documentación, la fiscalía espera concluir el informe patrimonial para determinar si existen diferencias entre los ingresos declarados y el patrimonio acumulado por el exjefe de Gabinete.
Si las pericias detectan un incremento patrimonial que no pueda ser explicado, Pollicita podrá solicitar que Adorni sea intimado a justificar el origen de los fondos y, eventualmente, avanzar hacia un llamado a declaración indagatoria.
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