La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023 y derogó de manera efectiva la Ley de Tierras, generó un fuerte cimbronazo en el escenario político. Frente a este panorama, distintos sectores de la oposición buscan capitalizar el impacto público de la medida para impulsar el rechazo definitivo del megadecreto presidencial en la Cámara de Diputados.
La normativa, que desreguló amplios sectores de la economía al inicio de la actual gestión, ya había sido rechazada por el Senado el 14 de marzo de 2024. Sin embargo, su vigencia se mantuvo debido a que la Cámara Baja no logró los consensos necesarios para tratar el tema en el recinto.
Ahora, bloques como Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas evalúan convocar a una sesión para el 7 o el 14 de octubre. Las fechas aún están en análisis, ya que los armadores parlamentarios advierten sobre posibles ausencias de legisladores que viajarán a presenciar las elecciones presidenciales en Brasil.
Desde el oficialismo alertaron que una eventual derogación total del DNU provocaría un profundo caos administrativo y procesal. Argumentan que el decreto eliminó una amplia gama de regulaciones estructurales que van desde las leyes de Abastecimiento y de Alquileres, hasta la liberación de tasas bancarias, precios de prepagas y el mercado aerocomercial.
Para neutralizar el avance opositor, el Gobierno baraja diferentes tácticas legislativas orientadas a contener a los gobernadores aliados y a los bloques dialoguistas. Una de las alternativas es incorporar un capítulo específico sobre tierras en la ley de Propiedad Privada —que cuenta con media sanción del Senado y debe ser discutida en Diputados— o sumar un apartado similar en la ley de Defensa de la Soberanía, actualmente en debate en comisiones. De esta manera, buscarían dar respuesta al conflicto territorial sin sacrificar el resto del decreto.
Mientras tanto, referentes de distintos espacios políticos endurecieron sus discursos. El titular del bloque de UP en Diputados, Germán Martínez, aseguró que los objetivos son "el rechazo pleno del DNU 70" y la movilización popular, argumentando que la tierra nacional ahora puede ser vendida sin restricciones.
Por su parte, el diputado radical Martín Lousteau recordó que en 2024 votó en contra de la normativa por considerarla inconstitucional e instó a la Cámara de Diputados a aprovechar la oportunidad para revertir la situación.
En una sintonía similar se expresó la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien calificó al decreto de "nulidad absoluta" y advirtió que si la Cámara Baja no lo rechaza de manera urgente y definitiva, se convertirá en "cómplice del Poder Ejecutivo".
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