El fallo de la Corte Suprema que restableció la derogación de la Ley de Tierras y borró los límites de la venta a extranjeros sacudió la modorra opositora, que volvió a la carga para intentar voltear el megadecreto de Javier Milei en una sesión especial. Mientras, el oficialismo evalúa reflotar el capítulo de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que rechazó el Congreso y ofrece concesiones a los bloques dialoguistas para preservar el esquema de desregulación.
La decisión del máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia que, ante una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), declaró inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. Algo que abrió un nuevo frente de conflicto para la Casa Rosada, que empezó a desplegar su estrategia para evitar que la controversia redunde en la caída de todo el decreto.
Precisamente, en la oposición buscan aprovechar el impacto político de la decisión judicial para avanzar sobre el DNU 70/202.
El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, anticipó que solicitará una sesión especial para tratar su rechazo. La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros espacios provinciales, aunque todavía deben reunir los apoyos necesarios para garantizar el quórum y los votos.
“Gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros. Los objetivos son claros: pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”, advirtió Martínez.
El reclamo se instaló durante el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, convocado para debatir el proyecto oficial sobre la defensa de la soberanía nacional en Malvinas. La coincidencia entre ambos temas profundizó las críticas opositoras al Ejecutivo.
“Mientras se lavan la cara con un proyecto de ley de ‘soberanía nacional’, van a extranjerizar la tierra estratégica de la Argentina sin límite alguno”, cuestionó, por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien reclamó activar “con urgencia todos los mecanismos legislativos, legales e institucionales” para frenar la medida.
En la misma línea se expresó el diputado radical Martín Lousteau, quien también respaldó la posibilidad de que Diputados vuelva a discutir el megadecreto: “Es una oportunidad para que en Diputados tratemos el DNU 70/23 y lo terminemos de dar de baja. Yo ya lo voté en el Senado de forma negativa, voy a estar muy contento de poder votarlo en forma negativa de nuevo porque es profundamente inconstitucional”, afirmó.
También la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, pidió una sesión para anular el decreto y sostuvo que su espacio está dispuesto a reunir las firmas necesarias para convocarla.
En este contexto, la oposición evalúa convocar al recinto entre el miércoles 7 o el 14 de octubre. Para habilitar la sesión se necesitan 129 diputados y, una vez conseguido el quórum, una mayoría simple de los presentes para rechazar el DNU. Unión por la Patria cuenta con 92 bancas y busca sumar a la izquierda, la Coalición Cívica, los peronistas puntanos y legisladores de Provincias Unidas, entre otros.
Sin embargo, varios bloques que podrían acompañar el rechazo tienen diferencias con el contenido del decreto. Al mismo tiempo, respaldan algunas de sus disposiciones, como las vinculadas con las privatizaciones y la desregulación de distintos sectores económicos.
LA ESTRATEGIA LIBERTARIA
En este escenario, el oficialismo activó un operativo para contener la ofensiva. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, ya mantuvieron contactos con los aliados del PRO, la UCR, Provincias Unidas y representantes de gobernadores para garantizar el respaldo parlamentario.
La principal alternativa en estudio consiste en reflotar el capítulo sobre tierras extranjeras dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado y espera su tratamiento en Diputados. La iniciativa permitiría introducir modificaciones para atender los reclamos de los aliados y, al mismo tiempo, evitar que la discusión sobre la Ley de Tierras arrastre al conjunto del DNU.
“La idea es ceder algunos aspectos de Inviolabilidad, pero te garantizás el decreto 70/2023, que es una herramienta de gobernabilidad. Los aliados no van a querer prenderse en esa”, confió una fuente libertaria
En la Casa Rosada consideran que la discusión sobre la extranjerización de tierras debe separarse del resto del megadecreto. “Puede ser una ventana de oportunidades. La oposición quiere voltear el DNU y para eso tenemos que explicar bien y evitar que discursivamente la Ley de Tierras se mezcle con este tema”, agregó una fuente legislativa.
Dentro del Ejecutivo también buscan moderar el alcance político del fallo de la Corte. Porque si bien la resolución fue favorable al Gobierno, aún no resolvió la cuestión de fondo, sino que lo que hizo el máximo tribunal fue rechazar la demanda por entender que el Cecim carecía de legitimidad para presentar el ampara.
De esta manera, la disputa vuelve a trasladarse al Congreso. Mientras la oposición intentará convertir el rechazo al artículo sobre tierras en una oportunidad para derogar el DNU completo, el oficialismo se ve obligado a negociar cambios puntuales y poner a prueba sus alianzas para preservar una de las principales herramientas de su política económica.
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