La Libertad Avanza debió a postergar por cuarta vez en el Senado el debate del proyecto de propiedad privada (reforma de la Ley de Tierras), ya que no tenía los votos para aprobar la eliminación de las restricciones para la compra de terrenos por parte de extranjeros.
La jefa del bloque de la Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, pidió pasar a la sesión del 6 de agosto el tratamiento de este proyecto, que abrió una grieta entre libertarios y aliados que no quieren votar la reforma la ley, que actualmente establece que los empresarios extranjeros solo podrán adquirir unas 1.000 héctareas.
Pero el oficialismo no solo tenía dificultades para reunir los votos para aprobar un punto central de la ley sino que había diferencias con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que no aceptaba la versión (el borrador) número 15 del dictamen de mayoría.
En el nuevo texto del proyecto sobre propiedad privada se proponía que cada provincia pueda dictar su propia ley, con lo cual si la ley nacional sacaba los topes para que los empresarios puedan comprar terrenos en una provincia podían volver a restituirlos, lo cual eso era rechazado por el gobierno nacional.
Fuentes parlamentarias señalaron que Bullrich estaba molesta porque se enteró del rechazo de Sturzenegger a los últimos cambios al proyecto cuando ya los había comunicado en la última reunión de mesa política.
Estos cambios en el capítulo sobre tierras tampoco conformaban a los aliados porque se mantenían la oposición al proyecto de los radicales, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger, y Flavio Famia, así como otros provinciales como la cordobesa Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia, Natalia Gadano, y la chutense Edith Terenzi.
Ahora el gobierno tendrá plazo hasta agosto para buscar los acuerdos que le permitan votar esta iniciativa, que además contempla cambios en el régimen de alquileres, expropiaciones y la ley del Manejo del Fuego.
quórum ajustado
El oficialismo llegó a la sesión de ayer con serias dificultades para juntar el quórum de legisladores para habilitar la deliberación del plenario del cuerpo, y solo pudo conseguir el piso de 37 legisladores.
La Libertad Avanza consiguó quórum con la presencia de 21 libertarios, 10 radicales, 2 macristas, 1 de Primero los Salteños, 2 de Encuentro Misionero, y 1 de La Neuquinidad.
En cambio, los bloques que no dieron quórum fueron los aliados de Convicción Federal-que preside la peronista Carolina Moises-, Despierta Chubut, Movere Santa Cruz, y de Independencia, y Provincias Unidas.
El oficialismo sí pudo avanzar con las designaciones de nuevos jueces (ver pág. 7) antes del cuarto intermedio hasta agosto por el receso invernal.
No solo los dialoguistas y los peronistas no querían debatir el tema de propiedad privada, sino tampoco quería realizar la sesión la vicepresidenta Victoria Villarruel que mantuvo una fuerte discusión con la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, en un intercambio que tuvieron por mensajes de texto (ver aparte).
Límite a la compra de tierras
Uno de los puntos centrales es que el proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros.
Se prohibirá la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados extranjeros, y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En los casos de zonas de frontera deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales.
Si no existe un reparo ni del gobierno nacional ni provincial se reconocerá el silencio administrativo, con lo cual a los 180 días serán propietarios de pleno derecho.
En la versión numero 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso nacional.
La reforma generó resistencia entre sectores dialoguistas, que consideran que eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros puede afectar el control sobre zonas estratégicas y de frontera. Esa posición explica la negativa de varios radicales y legisladores provinciales a acompañar el proyecto, un respaldo que el oficialismo necesita para conseguir la mayoría en el Senado.
La trayectoria de intentos frustrados por el proyecto arrancó el 4 de junio, siguió el el 11 de junio, luego el 25 de junio y en la víspera.
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