La comisión de Trabajo y Legislación Social de la Cámara Alta bonaerense dio inicio al análisis de la iniciativa con la que el Gobierno provincial busca fijar un marco de regulación para las tareas desempeñadas mediante plataformas digitales. En el encuentro encabezado por la senadora María Rosa Martínez, representantes del Ministerio de Trabajo, dirigentes gremiales y repartidores expusieron sobre la propuesta denominada "Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales", la cual abarca a firmas como Rappi, PedidosYa, Uber, Cabify y Didi. La meta del bloque oficialista apunta a emitir dictamen en los próximos días mediante la unificación con un proyecto del legislador Federico Fagioli.
El texto elevado por la administración provincial figuraba entre los compromisos asumidos al comienzo del período legislativo, a la par de los proyectos para crear una empresa estatal de medicamentos y para articular el sistema sanitario, los cuales ya cuentan con aval para su debate en el recinto. Durante la reunión, la titular del cuerpo planteó la posibilidad de incorporar aspectos relativos a la salud mental del personal dentro de la redacción final del dictamen.
En representación de la cartera laboral asistió la asesora Lilia Alonso, quien remarcó la necesidad de aplicar una estrategia conjunta entre diversas áreas del Gabinete provincial, con especial énfasis en el control de algoritmos e inteligencia artificial en articulación con el Ministerio de Gobierno.
Del intercambio participaron referentes de SiTraRepA, del Sindicato de Choferes Particulares del cordón La Plata, Berisso y Ensenada, de la Asociación Sindical Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), junto a trabajadores de plataformas privadas y de la aplicación municipal Mi Ciudad.
Desde la representación sindical, el secretario general de ASIMM, Marcelo Parientes, respaldó la apertura del debate en el ámbito legislativo, aunque señaló algunos vacíos operativos que presenta la realidad cotidiana del sector. Entre ellos, citó la práctica habitual del alquiler informal de cuentas tras bloqueos discrecionales por parte de las plataformas, así como la preocupación respecto de los métodos de fiscalización e inspección en la vía pública.
A diferencia de la iniciativa promovida en 2022 por el exsenador Omar Plaini —enfocada en licencias individuales con renovación anual—, la propuesta actual establece la inscripción obligatoria de las empresas en un registro bajo la órbita de la cartera de Trabajo. Por su parte, los repartidores y choferes podrán incorporarse de forma voluntaria a través de una plataforma móvil diseñada por el Estado bonaerense.
De qué trata la iniciativa para regular las plataformas
El proyecto oficial instituye el "Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales", una herramienta orientada a brindar cobertura, asistencia, acceso a información y beneficios a las personas que desempeñan tareas gestionadas por aplicaciones. A diferencia de marcos normativos rígidos, la propuesta evita encasillar la relación contractual en un formato único y alcanza a la totalidad del personal bajo cualquier modalidad jurídica, siempre que la prestación se ejecute dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires.
Esta iniciativa marca un contrapunto con el antecedente legislativo de 2022 impulsado por el exsenador Omar Plaini. En aquel texto, la regulación pivotaba sobre un registro provincial obligatorio enfocado en las personas trabajadoras, con credenciales habilitantes personales e intransferibles de renovación anual y el empadronamiento de los vehículos.
En contraste, el esquema ideado por la administración bonaerense concibe el marco regulatorio desde la protección social y el control institucional. Bajo esa premisa, define como plataforma de trabajo a toda estructura organizativa que organice, coordine o facilite la labor humana mediante sistemas automatizados o digitales.
La columna vertebral de la norma radica en la creación del Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales, bajo la órbita de la cartera laboral provincial. En este caso, la inscripción será un requisito obligatorio para las empresas del sector, mientras que la incorporación de los repartidores y choferes resultará optativa y se articulará a través de un aplicativo móvil desarrollado por el propio Estado provincial.
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