El bloque de La Libertad Avanza (LLA) impulsa en la Legislatura bonaerense un proyecto para modificar la Ley de Hábitat y cambiar el régimen de cobro de las contribuciones vinculadas con la valorización de inmuebles.
La iniciativa, presentada por el diputado provincial Oscar Liberman, busca eliminar la obligación que actualmente tienen los municipios de cobrar una parte del incremento del valor de una propiedad cuando una decisión urbanística genera una revalorización.
El caso más habitual se produce cuando un municipio modifica una normativa y permite, por ejemplo, construir un edificio donde antes sólo estaban autorizadas edificaciones de menor altura. Si esa modificación aumenta el valor del terreno, la normativa vigente establece una contribución sobre ese incremento, con un piso del 10%.
El proyecto plantea eliminar tanto la obligatoriedad como ese porcentaje mínimo y dejar en manos de cada Concejo Deliberante la decisión de mantener o no el cobro.
El argumento de LLA
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Liberman apunta a la forma en que se determina cuánto del aumento del valor de una propiedad puede atribuirse efectivamente a una decisión municipal.
Según el legislador, el precio de un terreno puede incrementarse por múltiples factores, entre ellos el crecimiento de un barrio, el aumento de la demanda, inversiones privadas, mejoras en propiedades cercanas o cambios en las condiciones económicas.
En ese sentido, sostiene que una modificación normativa del municipio no necesariamente explica por sí sola toda la revalorización de un inmueble.
El proyecto también plantea una diferencia entre el aumento del valor de una propiedad y una ganancia efectiva para su dueño. Que un terreno tenga una valuación mayor no significa que su propietario haya recibido ese dinero, ya que la ganancia sólo se materializaría si decide venderlo o concretar un desarrollo.
Liberman cuestionó además que el Estado participe de una eventual valorización pero que, ante una pérdida de valor del inmueble, el impacto económico recaiga exclusivamente sobre el propietario.
Qué cambiaría si se aprueba
La iniciativa no busca impedir que los municipios cobren por obras públicas que beneficien directamente a determinados propietarios ni que los desarrolladores afronten los costos de infraestructura necesarios para sus proyectos.
El cambio propuesto apunta específicamente a que deje de ser obligatorio el cobro de una parte del incremento del valor de una propiedad generado a partir de decisiones de ordenamiento territorial.
De aprobarse el proyecto, cada municipio bonaerense podría decidir, a través de su Concejo Deliberante, si mantiene ese mecanismo de contribución o lo elimina.
Para Liberman, la modificación permitiría que cada distrito determine la conveniencia del instrumento de acuerdo con su realidad urbana y social y evitaría que las decisiones de ordenamiento territorial sean utilizadas como una herramienta obligatoria de financiamiento municipal.
La propuesta deberá ahora avanzar en la Legislatura bonaerense, donde comenzará su recorrido parlamentario y será analizada por las comisiones correspondientes antes de una eventual discusión en el recinto.
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