Los gobernadores buscan conocer cuánto dinero recibirán en 2027, mediante qué mecanismos y qué partidas quedarán garantizadas por ley. La negociación con la Casa Rosada se cruza con la reforma electoral y las definiciones políticas de cara a las elecciones del próximo año.
Los mandatarios provinciales volverán a reunirse el 16 de octubre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Aunque el encuentro fue convocado por una cumbre de logística, las provincias buscarán avanzar allí en posiciones comunes sobre el Presupuesto 2027 y otros proyectos que deberán tratarse en el Congreso.
Uno de los principales reclamos apunta a diferenciar las transferencias automáticas de aquellas partidas que quedan sujetas a decisiones del Poder Ejecutivo. El proyecto elaborado por el ministro Luis Caputo contempla un aumento real del 7,5% en las transferencias automáticas, pero una caída del 20% en las transferencias de capital.
El presupuesto también prevé $1,9 billones para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), aunque no establece un mecanismo de distribución automática. Ese punto es reclamado desde hace años por los gobernadores, que buscan reducir el margen de discrecionalidad en el reparto de esos recursos.
La obra pública constituye otro eje de la negociación. Entre enero y julio de 2026, las transferencias de capital a las provincias fueron de unos $0,5 billones, lo que representa una caída real del 52% frente al mismo período de 2025.
El proyecto nacional contempla beneficios fiscales y mecanismos de financiamiento para obras y concesiones viales, pero condicionados a que las provincias eliminen los impuestos a los Ingresos Brutos y de Sellos. La discusión genera resistencia porque Ingresos Brutos representa una de las principales fuentes de recursos propios de los distritos.
Otro punto de tensión es el financiamiento de las cajas jubilatorias provinciales que no fueron transferidas a la Nación. El proyecto asigna $503.325 millones para cubrir sus déficits, un incremento real de apenas 1,8% interanual.
La discusión alcanza especialmente a las provincias que ya tienen convenios previsionales con la Nación: Córdoba, Santa Fe, Chubut, La Pampa, Entre Ríos, Chaco, Misiones, Neuquén y Corrientes. Sus gobiernos consideran insuficiente el monto previsto para las prórrogas de esos acuerdos.
El financiamiento universitario también aparece entre los temas que los gobernadores consideran de impacto social. El tucumano Osvaldo Jaldo reclamó que las partidas sean adecuadas a las necesidades planteadas por las universidades a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La negociación presupuestaria se desarrolla además junto con la reforma electoral. El oficialismo busca eliminar las PASO, aunque por el momento no tendría asegurados los votos necesarios de sus aliados y analiza avanzar con una suspensión.
Para los gobernadores, las definiciones presupuestarias se vinculan con los acuerdos políticos que comenzarán a delinearse para las elecciones de 2027.
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