El Gobierno de Javier Milei encara el segundo semestre legislativo con la mirada puesta en el año electoral y tres prioridades claras:
Presupuesto 2027: Es la “ley de leyes” y la iniciativa clave para el oficialismo. Ingresará el 15 de septiembre por la Cámara de Diputados, donde el Gobierno cuenta con un piso de 130 votos junto a sus aliados.
Reforma Electoral: El proyecto (que entró por el Senado) busca eliminar las PASO, pero enfrenta una fuerte resistencia del PRO y la UCR, quienes rechazan las propuestas oficiales y exigen tratar por separado el proyecto de Ficha Limpia.
Reforma del Banco Central: Milei busca modificar la Carta Orgánica de la entidad para prohibir por ley la emisión de dinero destinada a financiar al Tesoro. Como complemento, planea instalar el modelo estadounidense de “Shutdown” (cierre del Poder Ejecutivo).
El panorama en el Senado
La Cámara alta se presenta como un territorio más complejo y atravesado por tensiones internas (como la de Victoria Villarruel y Patricia Bullrich). El oficialismo tiene una docena de proyectos en carpeta, entre los que destacan:
Zonas Frías: La reforma del régimen de subsidios al gas divide al oficialismo y sus aliados; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, busca negociar con los gobernadores para destrabar los votos.
Súper RIGI y Ley de Sociedades: Iniciativas impulsadas por Bullrich que ya tienen aval de Diputados pero aún no se debatieron en comisiones del Senado.
Tras el receso invernal (6 de agosto), el oficialismo buscará avanzar con las leyes de Inviolabilidad de la propiedad privada, la Ley Hojarasca (de Federico Sturzenegger) y el proyecto de Falsas denuncias. Tienen pocas chances de avanzar las reformas sobre Discapacidad, Salud Mental, la derogación del Etiquetado Frontal y la ley contra la ludopatía digital.
El panorama en Diputados
Bajo la conducción de Martín Menem —quien mostró mayor efectividad en la primera mitad del año gracias al apoyo del PRO, la UCR y bloques provinciales—, la actividad retomará en agosto con:
Inocencia Fiscal: Un régimen con el que el Gobierno busca apurar el reingreso al sistema financiero de los dólares no declarados de los ahorristas (estimados en US$ 170.000 millones).
Y siguen sin avanzar la Ley de Lobby, la adhesión al acuerdo internacional de patentes y la reforma del Financiamiento Universitario.
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