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El Municipio solicitó ayer el apartamiento del fiscal titular de la UFI Nº16, Juan Cruz Condomí Alcorta, a cargo de la instrucción en las causas que investigan la venta de loteos ilegales por parte de grupos inmobiliarios y que también involucra a funcionarios de la anterior gestión comunal.
Lo hizo ante una presentación formal a la jueza Marcela Garmendia, titular del juzgado de Garantías Nº5 de La Plata y a cargo de las causas iniciadas por el gobierno de Julio Alak, ante la detección de más de 430 loteos ilegales, que se desarrollaron y pusieron a la venta durante la gestión de su antecesor, Julio Garro. Los principales delitos que se pidieron investigar son los de “estafa”, “extorsión” e “incumplimiento de funcionario público”, por parte de exfuncionarios municipales y grupos inmobiliarios.
Como principal fundamento de la recusación a Condomí Alcorta, la presentación firmada por la secretaria de Justicia y apoderada legal de la Municipalidad, Marina Mongiardino, destaca que transcurrieron “casi 21 meses desde la denuncia original sin que el fiscal haya dictado un auto de mérito, pese a contar desde hace más de un año con abundante prueba patrimonial, bancaria, documental y pericial”. A juicio de la Municipalidad, esa demora no puede atribuirse a la complejidad del expediente, sino que revela “una falta de impulso injustificada”. También se cuestiona la contradicción entre un inicio de investigación activo y una posterior paralización. El escrito recuerda que el propio fiscal promovió tempranamente el levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal de los investigados, pero luego, una vez obtenida esa información, no avanzó con nuevas decisiones procesales.
El pedido del Municipio se da justo después de que, como publicó EL DIA, la jueza Garmendia ordenó frenar una decena de loteos ilegales y cuestionó con dureza la actuación del fiscal, en el marco de la investigación, dedicada a la millonaria comercialización de emprendimientos irregulares, que estaría integrada por exfuncionarios de la administración municipal anterior y empresarios del rubro.
La magistrada, en su decisorio, dispuso el cese de las obras en emprendimientos denunciados por la Municipalidad y, en la misma resolución, criticó la falta de impulso de la causa por parte de Condomí y la demora en la imputación formal de los denunciados.
El fin de semana Garmendia ordenó el cese de toda actividad de construcción, movimiento de suelo, apertura de calles en 10 emprendimientos inmobiliarios ilegales.
Si bien el objeto central de la resolución de la magistrada era resolver un pedido de medidas cautelares presentado por la Municipalidad, siete de las 17 páginas de su fallo están abocadas a analizar el desarrollo de la investigación y a cuestionar el “no accionar” del titular de la UFI 16.
LAS DENUNCIAS
Tras la detección de irregularidades en el desarrollo y venta de lotes en urbanizaciones en zonas rurales o no aptas para su subdivisión, el gobierno de Alak presentó en octubre de 2024 una denuncia contra funcionarios de la gestión municipal 2015-2023, y solicitó investigar los presuntos delitos de “estafa”, “extorsión” e “incumplimiento” de los deberes de funcionario público”.
En enero pasado la Comuna realizó una nueva denuncia por la continuidad de la venta de lotes ilegales por parte de grupos inmobiliarios, solicitando se investigue la presunta comisión de los delitos de “desobediencia” y “estafa”.
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