El Gobierno de Javier Milei anunció que presentará nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina y anticipó que las acciones alcanzarán también a directivos y responsables de las compañías involucradas.
La Oficina del Presidente informó, a través de un comunicado que las actividades investigadas estarían violando las prohibiciones establecidas por la ley 26.659
Las nuevas denuncias no alcanzarán únicamente a las empresas involucradas, sino que buscarán individualizar a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan participado en las decisiones vinculadas con esas actividades.
La medida derivará tanto en la ampliación de procesos judiciales existentes como en la apertura de nuevas causas, según indicó el comunicado oficial.
“El Estado nacional sigue y seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional”, sostuvo el gobierno.
La Casa Rosada remarcó que las acciones “no se limitarán a las personas jurídicas” y alcanzarán a quienes, desde sus cargos y funciones, hayan intervenido en la realización de los hechos considerados ilícitos.
“El gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables”, concluyó el comunicado firmado por Milei.
“Ilegítimo”
Más temprano, el presidente reafirmó el envío del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y calificó de “ilegítimo” al gobierno del Reino Unido en las Islas Malvinas.
“Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”, expresó el mandatario durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.
Asimismo, destacó la reasignación de recursos, tras aclarar que “no pone en juego el superávit”, para la creación de la a Base Naval Integrada en Tierra del Fuego e inversiones en telecomunicaciones. “Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente la cuenca Malvinas sin nuestra autorización”, precisó.
En la misma línea, amplió: “Además, presentamos una denuncia penal contra las empresas involucradas en el proyecto de Sea Lion bajo una presunta licencia otorgada por el gobierno ilegítimo del Reino Unido, y se suma algo todavía más contundente: muchas de las principales empresas de servicios petroleros del mundo ya se pronunciaron a favor de nuestro justo reclamo”.
La ley que impulsó, dijo, “no es de un gobierno ni de un partido”, y pidió que no haya “grieta alguna”.
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