El Gobierno británico confirmó que las licencias para la explotación petrolera en las Islas Malvinas deberán contar a partir de ahora con el consentimiento del secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido, en momentos en que volvió a escalar la disputa con la Argentina por los recursos naturales del Atlántico Sur.
La definición fue comunicada ante el Parlamento británico después de que, días atrás, las autoridades de las islas anunciaran la prórroga por cinco años, con opción a otros dos, de las licencias vinculadas con Sea Lion, el proyecto petrolero cuya primera producción está prevista para 2028.
“Lo hacemos con el fuerte apoyo del Reino Unido”, habían señalado las autoridades isleñas al informar la extensión de los permisos.
La decisión de Londres implica una intervención directa del Foreign Office en las futuras autorizaciones. Hasta ahora, las empresas involucradas contaban con contratos otorgados por el gobierno de las islas y respaldados por el Reino Unido.
Sin embargo, las autoridades británicas evitaron precisar si Londres intervino específicamente en la reciente prórroga de las licencias de Sea Lion. Según la explicación brindada en el Parlamento, el proyecto opera con permisos ya existentes y recientemente extendidos, y no con nuevas licencias.
Sea Lion, en el centro de la discusión
La cuestión llegó al Parlamento por iniciativa del Partido Conservador. Lord Moynihan, integrante de la Cámara de los Lores, consultó a Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario del Foreign Office, sobre los permisos correspondientes a Sea Lion.
El funcionario no confirmó ni negó una intervención directa del Gobierno británico en esas autorizaciones, pero dejó establecido que, en adelante, las licencias petroleras en las islas deberán contar con el aval del Foreign Office.
La respuesta se produjo después de que el 15 de septiembre el Ministerio de Asuntos Exteriores británico enviara una nota a la Cámara de los Comunes en la que señalaba que el secretario de Estado debía prestar su consentimiento para las nuevas licencias de hidrocarburos otorgadas bajo la legislación vigente en las islas.
Ahora, la posición fue ratificada en el Parlamento en términos más categóricos, al establecerse la necesidad de contar con la autorización del Gobierno británico para los permisos de explotación petrolera.
El avance de Sea Lion se produce en un escenario de creciente tensión con la Argentina, que profundizó sus cuestionamientos y anunció medidas frente a la explotación de recursos naturales en las aguas cercanas a las Malvinas.
Durante septiembre, las acciones de las dos compañías involucradas en el proyecto registraron fuertes retrocesos. Rockhopper perdió un 17,9 por ciento de su valor en la Bolsa de Londres, mientras que Navitas cayó un 11,5 por ciento en la Bolsa de Tel Aviv.
A ese escenario se sumó la decisión de la petrolera estadounidense Halliburton Company de no prestar servicios para el proyecto marítimo Sea Lion.
La discusión por las regalías
La explotación petrolera también abrió otro frente de discusión en Westminster. Sectores del Partido Conservador plantearon que una parte de las regalías que genere la actividad hidrocarburífera en las islas sea destinada al Reino Unido.
La propuesta apunta a utilizar esos ingresos para financiar parte de los gastos de defensa del archipiélago, actualmente incluidos en el presupuesto británico y estimados en unos 75 millones de libras esterlinas anuales.
Según el planteo conservador, ese esquema permitiría liberar recursos para otras partidas del presupuesto de defensa británico y, al mismo tiempo, reducir la carga sobre los contribuyentes.
El debate se desarrolla mientras la Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y cuestiona la explotación unilateral de los recursos naturales en el área, con Sea Lion nuevamente en el centro de la disputa bilateral.
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