Este martes 22 de septiembre vence el plazo otorgado por la Justicia para que el exfuncionario Manuel Adorni fundamente el origen de sus bienes. En el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito impulsada contra él y su esposa Bettina Angeletti, el exjefe de Gabinete debe contestar un cuestionario de veinte preguntas formulado por el fiscal Gerardo Pollicita.
Si bien el plazo original sufrió modificaciones tras un pedido de la defensa para analizar pruebas vinculadas a un contratista clave, la normativa le permite al imputado solicitar una nueva extensión de la fecha.
La investigación abarca la etapa comprendida entre diciembre de 2023, momento de su ingreso a la administración pública, y su renuncia el 27 de junio de 2026. Los peritajes de la fiscalía detectaron un desfasaje superior a los 43 millones de pesos, producto de ingresos comprobados por 229,7 millones frente a egresos que superaron los 272 millones.
A esta irregularidad en moneda local se le suma un monto de 402.578 dólares en concepto de turismo, adquisición de propiedades y alquileres. El foco de mayor sospecha recae sobre un pago de 245.000 dólares entregado en billetes al constructor Matías Tabar para remodelar una vivienda en el barrio privado Indio Cuá, emplazado en Exaltación de la Cruz.
El requerimiento judicial también exige precisiones sobre diversas maniobras financieras. Las autoridades reclaman conocer la procedencia de la divisa extranjera declarada en presentaciones impositivas rectificativas, las cuales elevaron el patrimonio del exfuncionario a 944,5 millones de pesos al cierre de 2025 mediante la inclusión de ahorros y criptomonedas omitidas con anterioridad.
Además, el fiscal pide certificar la veracidad de supuestos préstamos otorgados por Silvia Pais y Norma Zuccolo, analizar la compra de un departamento en la calle Miró al 550 del barrio porteño de Caballito e investigar facturaciones millonarias ante ARCA sin el debido respaldo bancario.
El análisis documental examina a su vez el incremento del pasivo familiar, que saltó de 92,4 millones a más de 317 millones de pesos en el período bajo la lupa, con la incorporación de cuatro nuevas deudas en dólares contraídas con particulares.
A la par, el expediente detalla desembolsos turísticos significativos, entre los que destaca un viaje a Aruba valuado en casi 15.000 dólares y los consumos de allegados con tarjetas adicionales. Una vez presentadas las respuestas, la fiscalía evaluará la solidez de los argumentos para definir si el proceso avanza hacia un llamado a declaración indagatoria.
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