El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Mar del Plata se declaró en estado de alerta ante la crisis que atraviesa la construcción y reclamó la implementación de políticas que impulsen el acceso al crédito, reduzcan los costos, reactiven la obra pública y fortalezcan los controles estatales para revertir la situación del sector.
En un comunicado, la entidad calificó como “alarmante la inexistencia de mecanismos de financiamiento hipotecario destinados a la construcción de viviendas nuevas”, una situación que impide que “amplios sectores de la población” puedan acceder a una vivienda propia “de manera sostenible”. Además, señaló que la paralización o “reducción drástica” de los programas públicos de vivienda eliminó una “herramienta fundamental para atender el déficit habitacional y sostener niveles mínimos de actividad en el sector”.
El Colegio sostuvo que este escenario se agrava con la “desaparición de la obra pública”, lo que profundiza la retracción económica de la actividad. “Las inversiones estatales en infraestructura urbana, equipamiento comunitario, saneamiento, educación, salud y vivienda no solo representan mejoras concretas para la calidad de vida de la población, sino que cumplen un rol anticíclico indispensable para sostener el empleo y la actividad productiva”, expresó la institución.
Otro de los puntos de preocupación es “el incremento extraordinario del costo de la construcción medido en dólares”. Según advirtió, los valores actuales “superan ampliamente los promedios históricos y, en muchos casos, más que duplican los registros tradicionales de las últimas décadas”. Como consecuencia, indicó que la actividad se concentra “progresivamente” en un grupo cada vez más reducido de profesionales, empresas y desarrolladores, mientras “una parte significativa” de los arquitectos enfrenta “una reducción sostenida de oportunidades laborales”, especialmente en estudios pequeños y medianos.
La entidad también manifestó su preocupación por la “preocupante relajación de los mecanismos de control y fiscalización de obras”. “Se observa una progresiva disminución de las capacidades estatales para verificar el cumplimiento de las normativas urbanísticas, constructivas y de seguridad. Esta situación no solo perjudica el ejercicio profesional responsable, sino que también compromete la calidad del hábitat construido y la protección de los ciudadanos”, planteó.
Asimismo, cuestionó “la apertura económica indiscriminada”, al considerar que genera “nuevos interrogantes respecto del futuro de la producción nacional vinculada a la construcción”. En ese sentido, señaló el avance de sistemas habitacionales industrializados de origen extranjero, especialmente provenientes de China, y los anuncios sobre la posible importación y ensamblaje integral de desarrollos urbanos. “Resulta imprescindible que estas transformaciones se desarrollen dentro de un marco que proteja el trabajo argentino, la industria nacional, el conocimiento profesional local y la generación de empleo. El desarrollo del hábitat y de las ciudades no puede ser concebido exclusivamente como una mercancía importable, sino como una construcción colectiva vinculada a la identidad, la cultura, la economía y las capacidades productivas de nuestro territorio”, indicó el Colegio.
Frente a este panorama, la institución afirmó que existe una “caída sostenida de la actividad profesional y de la construcción en general” y reclamó la implementación de “políticas que promuevan la inversión, el acceso al crédito, la producción de vivienda, la obra pública estratégica y el fortalecimiento de los organismos de control”.
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