Mar del Plata podría convertirse en escenario de una jornada de trabajo destinada a debatir los problemas que atraviesan las residencias de larga estadía para personas mayores, a partir de un proyecto impulsado por la concejal Gabriela Azcoitía.
La propuesta fue presentada en el Concejo Deliberante luego de advertencias sobre retrasos en trámites de habilitación, inconvenientes operativos y posibles consecuencias para la continuidad de prestaciones médicas y coberturas asistenciales.
La iniciativa plantea convocar a representantes de organismos provinciales y municipales, obras sociales, prepagas, universidades, colegios profesionales y entidades vinculadas al cuidado de adultos mayores para analizar el funcionamiento del sector y elaborar propuestas de solución.
Entre los participantes previstos figuran la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud bonaerense, la Región Sanitaria VIII, áreas municipales de Salud, Desarrollo Social e Inspección General, además de PAMI, IOMA y la Cámara Marplatense de Residencias de Larga Estadía (Camarle).
En los fundamentos del proyecto, Azcoitía señaló que estos establecimientos cumplen una función esencial en materia de cuidado, alojamiento y asistencia, pero atraviesan dificultades estructurales que afectan su normal funcionamiento.
Según se expone en la iniciativa, las demoras en la resolución de expedientes generan complicaciones administrativas, económicas y operativas para las instituciones, mientras que la falta de habilitaciones definitivas puede impactar en la continuidad de prestaciones reconocidas por obras sociales o mediante amparos judiciales.
La concejal también advirtió sobre el riesgo de interrupción de coberturas, traslados forzosos de residentes y una mayor carga para las familias cuando los establecimientos enfrentan problemas vinculados a su situación administrativa.
Datos difundidos por Camarle indican que en General Pueyrredon residen alrededor de 145.000 jubilados y pensionados. De ellos, poco más de 3.100 viven en residencias de larga estadía, lo que representa el 2,24% de la población mayor.
El proyecto destaca además la necesidad de garantizar los derechos establecidos en la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores y plantea generar un ámbito de diálogo que permita agilizar procesos, fortalecer controles y asegurar la continuidad de las prestaciones para este sector de la población.
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