En Mar del Plata, la asociación civil Mirada Ciudadana presentó una ampliación de la denuncia judicial por el proceso que derivó en la concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y sectores del Parque de los Deportes. La entidad pidió profundizar las medidas de prueba y analizar nuevas hipótesis.
La presentación fue realizada por César Ventimiglia, con el patrocinio del abogado César Raúl Sivo, dentro de una causa que tramita ante la Justicia marplatense por presunta defraudación por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a las condiciones de la licitación. La organización sostiene que la convocatoria tuvo una difusión limitada y que finalmente solo Minella Stadium S.A. presentó una propuesta.
También puso bajo la lupa el plazo previsto para la explotación: 30 años, con posibilidad de extenderlo otros 10. Según la entidad, no estarían suficientemente explicados los fundamentos económicos que justificarían una concesión de semejante duración.
Otro aspecto señalado es la fecha de creación de Minella Stadium. De acuerdo con la presentación, la sociedad fue constituida el 11 de diciembre de 2024, pocos días antes de que se aprobara la ordenanza que habilitó el proceso licitatorio.
La organización también cuestionó la documentación vinculada con el respaldo económico de la empresa. En particular, hizo referencia a un compromiso de aporte por USD 40 millones y a una carta de crédito de Banco Master por 458 millones de reales.
A partir de información recopilada en Argentina y Brasil, Mirada Ciudadana solicitó que se investigue si podrían existir maniobras vinculadas con lavado de activos y pidió la intervención de la Justicia Federal.
La denuncia incorpora además cuestionamientos sobre la situación actual de la concesionaria. Según el escrito, habría registrado cheques rechazados por más de $600 millones y atravesado una interrupción del suministro eléctrico por una deuda con EDEA.
La entidad también reclamó conocer el destino de los fondos obtenidos por los espectáculos realizados desde que la empresa tomó posesión de los espacios y cuestionó el supuesto avance de las obras comprometidas.
Otro de los puntos analizados es el convenio con la AFA, que otorgaba 30 de los 100 puntos posibles en la evaluación de las ofertas. Para los denunciantes, el peso de ese requisito merece ser revisado.
Mirada Ciudadana aclaró que sus planteos constituyen denuncias y pedidos de investigación, por lo que las presuntas irregularidades todavía deben ser comprobadas judicialmente.
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