En Mar del Plata, una empresa gráfica presentó una denuncia penal contra Minella Stadium, la firma que tiene a su cargo la concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y espacios comunes del Parque de los Deportes.
La presentación fue realizada ante la Fiscalía N° 10 y apunta contra la compañía por los presuntos delitos de estafa e insolvencia fraudulenta. También fueron mencionados Michael Stura y Christian Garrabos, quienes, según la denuncia, se presentaron como responsables de las áreas de operaciones y finanzas de la concesionaria.
El conflicto se originó a fines de noviembre y comienzos de diciembre del año pasado, cuando representantes de la firma contactaron a Julio Alberto Monzón, encargado de una gráfica familiar, para ofrecerle convertirse en proveedor de cartelería e impresiones.
Los trabajos estaban destinados a los dos principales espacios deportivos, tanto para señalización y orientación como para cuestiones relacionadas con la seguridad de las instalaciones.
Por las tareas realizadas, la gráfica emitió facturas por $40.283.940,30. Sin embargo, solamente recibió $10.804.200. De esta manera, quedó pendiente un saldo cercano a los $29,5 millones, al que se sumarían los intereses correspondientes.
El denunciante sostiene que la situación excedería un incumplimiento comercial y que habría existido una maniobra para generar una apariencia de solvencia que permitiera obtener servicios de distintos proveedores.
Además del reclamo económico, solicitó que se investigue la situación financiera de la concesionaria. Entre las medidas requeridas figuran una inspección de los espacios donde se realizaron los trabajos, el análisis de información bancaria y allanamientos en dos domicilios vinculados con la empresa en la Ciudad de Buenos Aires.
La situación judicial de Minella Stadium también suma un expediente laboral. A mediados de marzo, un trabajador presentó una demanda contra la concesionaria y la empresa de seguridad Mk Soluciones.
El reclamante, Luis Basualdo, sostuvo que trabajó como vigilador en el Polideportivo Islas Malvinas entre noviembre de 2025 y enero de 2026, con jornadas de 12 horas, pero que el vínculo nunca habría sido registrado.
Según su presentación, tampoco recibió correctamente distintos conceptos salariales y no contaba con cobertura de ART. Además, afirmó que sufrió un accidente mientras regresaba de su trabajo en motocicleta y que debió recibir atención médica por sus propios medios.
Tras intimar a las empresas para regularizar su situación, reconocer el accidente y abonar las sumas adeudadas, el trabajador aseguró que ambas negaron la existencia de una relación laboral.
Por ese motivo se consideró despedido e inició una demanda en la que reclama una indemnización de $25 millones.
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