Mar del Plata quedó nuevamente en el centro de una disputa por el futuro de la actividad pesquera. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires cuestionó la autorización del Consejo Federal Pesquero para incorporar 18 nuevos proyectos destinados a la explotación de calamar mediante buques poteros.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, y la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain, expresaron su rechazo durante una conferencia junto a representantes del sector portuario y trabajadores.
Rodríguez sostuvo que el proceso licitatorio perjudicó a los proyectos que contemplaban desembarques en puertos bonaerenses, especialmente en Mar del Plata.
“La licitación se hizo con la cancha inclinada”, afirmó el funcionario, quien calificó el proceso como “claramente amañado” y denunció una situación de “discriminación” hacia la provincia y la ciudad.
Según explicó, de los 18 permisos otorgados solamente uno corresponde a un proyecto cuyo puerto de desembarque será Mar del Plata. También cuestionó que ninguno de los nuevos emprendimientos esté vinculado con astilleros nacionales, por lo que las embarcaciones serían importadas.
Rodríguez puso además el foco en el impacto que podría tener la medida sobre el recurso pesquero. “No había, como debe haber, un estudio científico del Inidep, solo había una nota del director con muy poco contenido”, señaló.
Seain, representante bonaerense en el Consejo Federal Pesquero y quien votó en contra de la resolución, aseguró que existe “un ataque constante” contra los intereses de la provincia.
La funcionaria advirtió que el impacto de la incorporación de los nuevos barcos podría profundizarse con el paso de los años. Señaló que todavía no se realizó un análisis del esfuerzo pesquero que implicaría sumar las 18 embarcaciones.
“Esto no es algo que se va a ver afectado ahora, ni el próximo año ni el siguiente, pero sí los subsiguientes, cuando empiecen a incorporarse estos barcos importados”, sostuvo.
También remarcó que no debe evaluarse solamente la capacidad de carga de los buques, sino la tecnología con la que estarán equipados. Según explicó, las nuevas embarcaciones tendrían una capacidad de entre 1200 y 1300 toneladas.
Para Seain, el escenario pone en riesgo el empleo y la producción de Mar del Plata, en un contexto en el que la temporada de pesca ya enfrenta períodos de actividad cada vez más reducidos.
Carlos Mezzamico, secretario general del Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA), sostuvo que la incorporación de los nuevos poteros podría reducir considerablemente la duración de la campaña. Según estimó, los trabajadores podrían perder uno o dos meses de actividad.
La Provincia y los representantes del sector avanzaron por dos vías para intentar revertir la medida. Por un lado, solicitaron una reconsideración administrativa ante el Consejo Federal Pesquero y comenzaron a analizar individualmente los expedientes de los 18 proyectos.
Por otro, continúa la vía judicial contra la Resolución 6/2026, que habilitó la incorporación de los nuevos buques. El abogado Fernando Herrera cuestionó que la causa haya sido derivada al fuero Contencioso Administrativo Federal con sede en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la conferencia también hubo cuestionamientos hacia el municipio por su postura frente al conflicto. Rodríguez reclamó un mayor acompañamiento de las autoridades locales y sostuvo que la defensa del puerto “no tiene bandería política”.
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