El Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobó por unanimidad una ordenanza impulsada por el concejal oficialista Julián Bussetti (Pro) que regula el uso de contenedores marítimos reutilizados para la construcción de viviendas, oficinas y otros espacios habitacionales o comerciales en Mar del Plata.
La normativa establece que los contenedores serán considerados bienes inmuebles cuando se encuentren anclados de manera permanente al terreno y requieran el abastecimiento de servicios esenciales, como agua, electricidad, gas y cloacas. Para su instalación será necesario contar con un permiso específico de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento General de Construcciones y el Código de Ordenamiento Territorial.
La ordenanza contempla una excepción respecto de los anchos mínimos previstos por la normativa local, debido a que los módulos que pueden ser utilizados para este tipo de construcciones poseen un ancho interior estándar de 2,35 metros.
Por otra parte, la ubicación de estas estructuras deberá respetar las normas de zonificación y urbanización vigentes en el distrito, además de las demás disposiciones contempladas en el Código de Ordenamiento Territorial.
En materia de seguridad, la norma establece que los contenedores “deberán estar adecuadamente anclados para garantizar su estabilidad y seguridad”. Para ello, podrán utilizarse plateas, pilotes de hormigón armado u otros sistemas equivalentes que permitan asegurar su sostenimiento.
Entre la documentación exigida se encuentra una memoria técnico-descriptiva suscripta por un profesional responsable, destinada a garantizar el adecuado desarrollo del proyecto y el cumplimiento de las condiciones de seguridad y habitabilidad. También deberán presentarse los planos y la documentación gráfica solicitada por la normativa vigente.
El documento deberá detallar, como mínimo, las condiciones de habitabilidad de los contenedores, incluyendo iluminación natural, ventilación, dimensiones y condiciones de uso. Asimismo, deberá especificar las soluciones constructivas adoptadas, especialmente aquellas relacionadas con las aislaciones térmicas, hidrófugas y acústicas.
También se deberán informar las condiciones de las instalaciones eléctricas y sanitarias, además de la seguridad estructural del sistema, con la correspondiente verificación de su estabilidad, inmovilidad y sujeción al suelo.
La normativa incorpora, además, medidas de protección contra la corrosión, especialmente para las construcciones ubicadas en zonas alcanzadas por la influencia del frente costero.
Por último, la ordenanza faculta al Ejecutivo a determinar el plazo dentro del cual las construcciones existentes que no se ajusten al régimen normativo deberán regularizar su situación.
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