El Gobierno celebró anoche la media sanción en Diputados del “Súper RIGI”, un régimen que ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversión superiores a los US$ 1000 millones. Antes, logró aprobar el acuerdo para pagar US$ 171 millones a Bainbridge y Attestor, dos fondos buitre con litigios pendientes contra la Argentina derivados del default de 2001.
La votación para aprobar en la Cámara baja los incentivos econonómicos y exenciones de gravámenes cerró de forma más ajustada de lo anticipado por los libertarios. Fueron 130 votos afirmativos y 106 negativos. La Libertad Avanza sumó el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo (San Juan), Independencia (Tucumán) e Innovación Federal.
En el caso del pago a los holdouts, la propuesta libertaria fue acompañada por los aliados habituales del oficialismo, con 139 votos a favor y 97 en contra. El rechazo fue encabezado por el peronismo. Según el Gobierno, la transacción implica una reducción superior al 30% respecto de los montos reclamados y busca eliminar riesgos judiciales sobre activos estratégicos del Estado argentino.
Desde la bancada kirchnerista que encabeza Germán Martínez, en cambio, acusaron al Gobierno de pretender resolver la deuda “a costa del hambre de la gente” y advirtieron que el acuerdo implica “bajar los salarios de los trabajadores” y profundizar la recesión. Además, sostuvieron que algunos de los argumentos oficiales podrían terminar siendo utilizados “en los tribunales de Nueva York en contra del Estado argentino” y protestaron: “Todos los países refinancian sus deudas. Acá estamos nosotros tomando nueva deuda”.
Inversiones
En cuanto al “Súper Rigi”, el régimen establece una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.
Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales en caso de controversias con el Estado argentino. El texto también dispone que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” en el marco de tratados internacionales, lo que abre la puerta a eventuales reclamos ante futuras modificaciones regulatorias.
El esquema limita, además, la capacidad de provincias y municipios para establecer regalías o cánones administrativos sobre los proyectos adheridos.
Además, se incorporan beneficios para proyectos que realicen inversiones en investigación y desarrollo y se refuerzan requisitos ambientales y sociales con la exigencia de que las nuevas inversiones no comprometan recursos naturales ni infraestructura esencial.
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