Sobre la medianoche de ayer, el Gobierno publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que remarcó que expulsará o prohibirá el ingreso al país de aquellos extranjeros que “incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación y/ o violencia contra el pueblo argentino” o directamente “ultrajen los símbolos patrios”.
La medida, que aún debe revisar el Congreso y que abre las puertas a la discrecionalidad, según expertos, lleva la firma del presidente Javier Milei y fue dada a conocer por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) como respuesta “a las recientes manifestaciones de hostilidad” contra el país.
El decreto, que modifica la Ley de Migraciones estará vigente en tanto avance el trámite legislativo. Gran parte de la oposición ya avisó que lo va a recchazar en el Congreso.
“No es negociable”
“La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios”, indicó el DNU en su comienzo.
Y remarcó: “Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.
Los ataques a los que se refiere el decreto se intensificaron durante el último Mundial de fútbol disputado en los Estados Unidos, México y Canadá, sobre todo en redes sociales.
Decisión de Milei
En el Gobierno le atribuyen la decisión de implementar la medida al propio Milei -esto es, sin consejo de gente de su entorno- y sostienen que se adoptó como respuesta a una de demandas de la sociedad justamente post Mundial.
Así, trascendió que el mandatario tomó la decisión el pasado jueves y la fue instrumentando con el correr de los días. Terminó de concretarla el miércoles a la noche, con la firma del DNU y la posterior publicación en el Boletín Oficial.
En Casa Rosada sostienen que, pasado el Mundial, el libertario detectó -no se sabe si con algún estudio serio de rigor científico o sólo por olfato- que la sociedad cuestionaba la supuesta “campaña anti Argentina” en redes sociales, por lo que buscó diseñar una medida para prohibir y penar las expresiones de extranjeros contra el país y los símbolos patrios.
No obstante, en el oficialismo aclaran que se limita a la postura contra “el pueblo argentino” o los ciudadanos por su condición de argentinos y que no alcanza a posiciones políticas. Esta determinación no es casual. La administración libertaria busca evitar una penalización para el propio Milei, que el pasado fin de semana cuestionó a su par de Brasil, Lula da Silva, durante su viaje exprés a San Pablo.
“Es una medida en conexión con lo que la gente está pidiendo, diciendo y pensando. Se puede estar a favor o en contra, lo que no podes es discutir que está en contexto”, sintetizan en Balcarce 50.
Antecedente
En las filas violetas aseguran que el puntapié inicial del DNU hay que buscarlo en el proyecto que presentó el legislador bonaerense Agustín Romo, con el que busca arancelar la universidad y la salud para extranjeros sin residencia. Tras conocer la letra de la normativa, el mandatario le comunicó al asesor presidencial, Santiago Caputo, su idea y le pidió trabajar en lo que finalmente salió.
“Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires”, argumentó el legislador violenta en su momento en su cuenta de X.
Al parecer, Romo compartió la letra que impulsará en la Legislatura bonaerense con el Presidente, que buscó replicar la idea a escala nacional, pero re-adaptada. “Milei es muy presente en redes. Viene viendo y siguiendo todo lo que pasa”, explicaron desde el entorno de Caputo, donde pretenden anotarse la idea.
“El decreto no es claro y tampoco hay certezas de qué tan aplicable es”, dijo a la AFP Lucía Galoppo, abogada del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”, agregó. Sin embargo “no especifica qué es un discurso de odio, cómo se van a detectar, con qué criterio y cómo van a determinar quiénes son los emisores de esos discursos” para aplicar las sanciones, señaló Galoppo.
“Todo eso lo vuelve difícil de aplicar y discrecional porque deja demasiados huecos que el Estado podría completar con criterios arbitrarios”, agregó.
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