Patricia Walsh (74), histórica dirigente de la izquierda argentina e hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh, murió este jueves 5 de noviembre. Su trayectoria política estuvo marcada por la defensa de los derechos humanos y, especialmente, por su participación en la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que permitió reabrir los juicios contra los responsables de los crímenes de la última dictadura militar.
Periodista y psicóloga social, egresada de la UNLP, Patricia construyó una extensa carrera política y tuvo un papel destacado en el Congreso Nacional. En 2001 fue elegida diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, desde donde impulsó iniciativas vinculadas con la memoria, la verdad y la justicia.
Uno de sus principales aportes fue la elaboración del proyecto original para anular las denominadas leyes de impunidad. La iniciativa fue presentada en el Congreso y finalmente se convirtió en la Ley 25.779, sancionada en septiembre de 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
La medida permitió dejar sin efecto las normas que habían limitado la posibilidad de juzgar a los responsables de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado y abrió el camino para la reanudación de los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad.
Desde el propio Estado nacional destacaron su participación en ese proceso histórico. En una publicación del INTI y del Gobierno nacional por los 20 años de la anulación de esas leyes, recordaron que Patricia Walsh fue quien redactó el proyecto original que impulsó el cambio legislativo.
Una historia familiar atravesada por la dictadura
La vida de Patricia estuvo profundamente atravesada por la historia de su familia. Era hija de Rodolfo Walsh, uno de los periodistas y escritores más importantes de la Argentina, asesinado y desaparecido por la dictadura militar el 25 de marzo de 1977.
También era hermana de María Victoria Walsh, conocida como Vicki, quien murió el 29 de septiembre de 1976 durante un operativo militar en una vivienda de la calle Corro, en el barrio porteño de Villa Luro. En ese procedimiento también fueron asesinados otros militantes.
Patricia mantuvo durante décadas el reclamo de justicia por ambos casos. En particular, se convirtió en querellante en la investigación por la Masacre de la calle Corro, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del operativo en el que murió su hermana.
Además, integró la agrupación H.I.J.O.S., participó de distintas iniciativas vinculadas con los derechos humanos y encabezó una de las querellas en la megacausa ESMA, en representación de las víctimas del centro clandestino de detención, entre ellas su padre.
Su militancia tuvo distintos espacios y responsabilidades. En 1999 fue candidata a presidenta por Izquierda Unida, mientras que en 2000 compitió por la Jefatura de Gobierno porteña. Dos años después de llegar a la Cámara de Diputados, continuó su actividad legislativa hasta 2005.
Posteriormente, también ocupó una banca en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, entre 2007 y 2010, vinculada al Movimiento Socialista de los Trabajadores.
Su trayectoria combinó la actividad parlamentaria, el periodismo, la militancia y el trabajo en causas judiciales relacionadas con los crímenes de la dictadura.
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