El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, acordaron mantener los cambios consensuados con los bloques aliados sobre el proyecto de eliminación de restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. Tras una reunión mantenida en la Cámara Alta, Bullrich confirmó que la iniciativa con sus modificaciones se tratará en el recinto el 6 de agosto.
El punto que había generado roces entre la senadora y el ministro es el que define qué margen tendrán las provincias para autorizar la venta de tierras a inversores extranjeros, dejando abierta la posibilidad de que cada jurisdicción dicte sus propias normas. Bullrich explicó que “las provincias mantienen facultades para legislar”, aunque estimó que no llegarán a sancionar leyes propias sobre el tema. Según relató, Sturzenegger tenía reparos con esos cambios, pero terminó de comprender que respondían a una mirada federal, que suma a las provincias en las decisiones sobre zonas fronterizas para facilitar inversiones.
La funcionaria remarcó que se trata de “un proyecto consensuado entre todos los bloques” y que no compromete la soberanía nacional, “dado que la propiedad de la tierra no la afecta: las leyes argentinas rigen para todos, sean nacionales o extranjeros”, advirtió.
El acuerdo llega después de que el oficialismo debiera postergar por cuarta vez el debate del proyecto, el pasado 16 de julio, al no reunir los votos necesarios pese a haber logrado el quórum. En esa oportunidad, Bullrich pidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para negociar apoyos con la oposición dialoguista.
La última versión del texto establece que cada provincia conservará jurisdicción plena sobre su territorio y podrá fijar el régimen jurídico aplicable. Se prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización conjunta de la provincia y el Poder Ejecutivo nacional. Toda adquisición deberá inscribirse en el Registro Nacional de Tierras Rurales, y las compras en zonas de frontera requerirán aval provincial y nacional. Además, se eliminó el artículo de silencio administrativo que daba por aprobada automáticamente una venta si no había respuesta en seis meses.
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