El Gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de Ana María Juan como jueza federal de Hurlingham, una decisión que generó repercusiones en el ámbito judicial debido a que la flamante magistrada está casada con Marcelo Martínez De Giorgi, el juez federal que interviene en la causa que investiga al presidente Javier Milei por la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $Libra.
El nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial luego de que el Senado aprobara el pliego enviado por el Poder Ejecutivo. La designación llega en un momento de alta sensibilidad política y judicial, ya que apenas dos semanas atrás Martínez De Giorgi resolvió apartar del expediente a las víctimas que actuaban como querellantes, al hacer lugar a un planteo presentado por una de las defensas. Esa resolución fue apelada y ahora deberá ser revisada por la Cámara Federal porteña.
Aunque el juzgado federal de Hurlingham todavía no se encuentra habilitado para funcionar, desde el oficialismo explicaron que la incorporación de Juan responde a la necesidad de cubrir vacantes en la jurisdicción. Según esa versión, la magistrada desempeñará transitoriamente funciones en otros juzgados federales de la Cámara de San Martín, como los de Morón o Moreno, hasta que quede operativo el nuevo tribunal.
Fuentes judiciales señalaron que el municipio de Hurlingham ya cedió el edificio donde funcionará el juzgado y que técnicos del Consejo de la Magistratura realizaron las inspecciones correspondientes. El próximo paso será la elaboración del presupuesto para las obras de adecuación, el equipamiento y la incorporación del personal necesario. Una vez cumplidos esos requisitos, la Corte Suprema deberá autorizar la puesta en funcionamiento del juzgado.
Ana María Juan cuenta con una extensa trayectoria en la Justicia Federal. Durante años se desempeñó como secretaria de la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py y, hasta su designación, estaba al frente de la oficina judicial encargada de la implementación del sistema acusatorio. Además, encabezó el orden de mérito del concurso para cubrir el juzgado de Hurlingham, cuyo pliego fue impulsado sucesivamente por los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Ninguna de las administraciones anteriores logró concretar su designación.
La decisión del Gobierno también reavivó comparaciones con otra designación pendiente. El Poder Ejecutivo aún no oficializó el nombramiento de María Verónica Michelli para integrar un Tribunal Oral Federal de La Plata, también sin habilitación definitiva. En ámbitos judiciales se atribuye esa demora a que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien publicó diversas investigaciones sobre la administración libertaria, entre ellas las relacionadas con el caso $Libra.
La designación de Juan coincide además con un proceso de renovación en la Cámara Federal de Buenos Aires, tribunal que revisa las principales causas de corrupción y que tendrá un rol central en el expediente de la criptomoneda. El Gobierno propuso al Senado los nombres de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para cubrir dos vacantes en la Sala I, la misma que deberá resolver, entre otros planteos, la apelación presentada contra la exclusión de los querellantes.
A ese proceso se sumará en los próximos días una nueva vacante. El camarista Martín Irurzun dejará su cargo al cumplir 75 años, edad límite prevista para ejercer la magistratura.
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