La renovación de los representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura amenaza con convertirse en el próximo gran foco de conflicto político en el Senado, con el peronismo dispuesto a reclamar dos de las cuatro bancas de la Cámara alta y La Libertad Avanza (LLA) preparada para resistir esa pretensión.
La disputa no es menor: detrás de la discusión se juega el equilibrio de poder en un organismo estratégico para la Justicia, encargado de intervenir en la selección y remoción de los jueces.
Por eso, la pelea por los ocho representantes parlamentarios (cuatro diputados y cuatro senadores) adquirió una dimensión que excede largamente la distribución de cargos.
El movimiento que encendió la mecha fue la incorporación del riojano Fernando Rejal al bloque Justicialista.
Hasta el viernes, el peronismo y LLA tenían 21 senadores cada uno y mantenían una situación de virtual empate. Con la llegada de Rejal, el Justicialismo pasó a ser la primera minoría y José Mayans se prepara para utilizar ese nuevo escenario para reclamar dos de los cuatro lugares correspondientes al Senado.
La jugada será rechazada por Patricia Bullrich, quien cuestionará que un cambio en la composición parlamentaria producido a último momento pueda utilizarse para alterar el reparto de representantes en el Consejo de la Magistratura.
En el oficialismo consideran, además, que existe un antecedente demasiado cercano como para ignorarlo: la maniobra de 2022 mediante la cual el entonces oficialismo kirchnerista dividió su bancada para quedarse con tres de los cuatro representantes del Senado en el organismo.
Una pelea que puede terminar en la Justicia
La tensión ya escaló hasta la posibilidad concreta de una judicialización. En LLA anticipan que podrían recurrir a los Tribunales si el peronismo sostiene que la nueva composición del bloque alcanza para modificar el reparto de bancas.
El antecedente juega a favor del argumento libertario. En 2022, la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner dispuso la división del bloque del Frente de Todos, que contaba con 35 senadores, en dos espacios: el Frente Nacional y Popular, con 21 integrantes, y Unidad Ciudadana, con 14.
La maniobra permitió que el oficialismo obtuviera tres de los cuatro representantes del Senado en el Consejo. Fueron designados Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Martín Doñate, mientras que el lugar que reclamaba el entonces senador del PRO Luis Juez quedó en el centro de la controversia.
La pelea terminó en la Corte Suprema, que rechazó la maniobra y ordenó que Juez asumiera en el Consejo.
Ese antecedente es ahora el arma política que prepara LLA para enfrentar el reclamo de Mayans: el oficialismo sostiene que no permitirá que una modificación de bloques diseñada en función del Consejo vuelva a utilizarse para alterar la representación parlamentaria.
La definición final sobre la distribución de las bancas del Senado quedará en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien deberá determinar qué bloque representa la primera minoría y cómo se aplica el criterio de reparto.
La discusión tiene, además, una consecuencia política inmediata: quien controle una mayor cantidad de lugares en el Consejo de la Magistratura tendrá una herramienta de peso sobre uno de los organismos institucionales más sensibles del sistema judicial.
Mientras se define la pelea por la distribución de las bancas, el peronismo ya puso sobre la mesa dos nombres: Wado De Pedro y Sergio Uñac.
La elección no parece casual. Ambos tienen vínculos políticos diferentes al kirchnerismo más duro y una relación más fluida con sectores de la Justicia, una característica que podría resultar determinante para el peronismo en un organismo donde las negociaciones internas tienen un peso decisivo.
LLA, en tanto, analiza postular a la senadora Nadia Márquez y a Belén Montes de Oca, mientras que el cuarto lugar aparece todavía atravesado por la interna radical.
En la UCR aún no está definido si continuará Eduardo Vischi o si la candidatura recaerá en Maximiliano Abad, actual vicepresidente de la Comisión de Acuerdos y uno de los radicales con mayor participación en cuestiones vinculadas al Poder Judicial.
Diputados: otra batalla por los lugares
La disputa se replica en la Cámara de Diputados, aunque con una relación de fuerzas diferente. LLA reclamará dos de los cuatro lugares en su condición de primera minoría y busca renovar el mandato de Gonzalo Roca, quien asumió en diciembre en reemplazo de la radical Roxana Reyes. También aparece como posible candidato el santafesino Nicolás Mayoraz.
El peronismo, por su parte, pretende conservar dos lugares, aunque el nuevo escenario parlamentario amenaza con dejarlo con uno solo. Allí también comenzó una pulseada interna para definir quiénes serán los representantes.
Entre los nombres que circulan aparecen los kirchneristas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, mientras que desde otros sectores del peronismo también busca espacio el Frente Renovador.
En paralelo, Alvaro González pretende conservar su banca y espera contar con el respaldo de sus aliados del PRO, la UCR, Por Santa Cruz, el MID y Adelante Buenos Aires, que integran el interbloque Fuerzas del Cambio.
El Consejo, en el centro de la disputa de poder
El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros y es presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El organismo cuenta además con ocho legisladores, cuatro jueces, cuatro abogados, dos representantes del ámbito académico y un representante del Poder Ejecutivo.
Los mandatos duran cuatro años y durante este proceso deben renovarse los representantes del Congreso, los abogados, los jueces y el sector académico.
La elección de los abogados ya definió a Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Itatí Demarchi Arballo y Fernando Levene, mientras que por el estamento judicial ingresarán Marcelo Gallo Tagle, Juan Manuel Culotta, Gabriela Vázquez y Paula Castro.
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