El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la disolución y posterior liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) mediante el Decreto 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma fija la designación de un Administrador por parte del Ministerio de Defensa para conducir el proceso de cierre y la migración de servicios hacia la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). En este nuevo esquema, la conducción de la OSFA determinará los puestos de trabajo requeridos e identificará al personal que resulte indispensable para el cumplimiento de sus objetivos.
La resolución sobreviene tras la decisión adoptada a comienzos de mes por la gestión de Javier Milei, cuando anunció la cancelación de una deuda histórica de la entidad por 210.000 millones de pesos con fondos del Tesoro Nacional. Aquel pasivo prestacional involucra a cerca de 2.000 proveedores y a una treintena de grandes acreedores, entre los cuales figuran clínicas, sanatorios, laboratorios, cadenas de farmacias y colegios profesionales, cuya falta de pago derivó en una parálisis casi total del servicio para los afiliados.
Frente a este escenario, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó un plan de lucha y advirtió que la medida pone en riesgo la estabilidad laboral de unas 1.450 personas. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que, sobre una nómina total de 2.450 empleados, solo 1.000 serán absorbidos por la OSFA, mientras que 450 pasarán a disponibilidad y otros 1.000 contratos quedarán dados de baja. Asimismo, el dirigente atribuyó la iniciativa a un intento por traspasar las prestaciones médicas a empresas gerenciadoras privadas.
El impacto del desarme institucional genera particular zozobra en territorio bonaerense, donde la obra social posee delegaciones en puntos estratégicos como La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Azul, Junín, Tandil, Olavarría, Punta Alta, San Nicolás, Zárate, Necochea, Magdalena, Merlo, Moreno y Verónica. En varias de estas sedes se registran reclamos por el desfinanciamiento operativo y el cese inminente de prestaciones locales.
En el caso de Tandil, la sucursal presta atención presencial a unas 80 personas diarias con un plantel de 27 agentes entre civiles y militares que exigen la continuidad del servicio. En Bahía Blanca, las proyecciones anticipan el cierre definitivo de la oficina y la consecuente pérdida de convenio con cerca de 30 farmacias sobre el final de noviembre, mientras que en Mar del Plata unos 170 trabajadores permanecen en estado de asamblea ante la incertidumbre sobre el futuro de la filial.
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