Una nueva denuncia por presunto lavado de dinero contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, llegó a Comodoro Py y volvió a poner en discusión qué tribunal debe investigar las causas que involucran a la conducción de la AFA.
El expediente quedó en manos de la jueza federal María Servini, luego de que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante se declarara incompetente. La denuncia había sido presentada en marzo por el empresario Guillermo Tofoni y plantea la existencia de un supuesto circuito de movimientos de dinero provenientes del exterior, principalmente de España y Estados Unidos, que habría pasado por empresas, intermediarios y financieras antes de llegar a la AFA o a personas vinculadas con sus autoridades. Se trata de una hipótesis que deberá ser investigada y eventualmente corroborada por la Justicia.
La llegada del expediente a Comodoro Py reavivó además la disputa por la competencia con la Justicia Federal de Campana. Allí tramita la causa por la compra de una casaquinta en Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares, en la que se investiga el origen de los fondos y la posible utilización de testaferros por parte de Toviggino. La Cámara Federal de Casación resolvió recientemente que esa investigación continúe en Campana, aunque la decisión podría llegar a la Corte Suprema.
Ahora Servini deberá definir si mantiene la nueva denuncia en Comodoro Py o si corresponde remitirla a Campana por su eventual conexión con la causa de Pilar. El planteo vuelve así a instalar una discusión central: si las distintas investigaciones sobre Tapia y Toviggino deben tramitar por separado o si existe una conexión que justifique concentrarlas en un mismo juzgado.
El nuevo expediente se suma a otros frentes judiciales que involucran a la conducción de la AFA, entre ellos una causa por presunta apropiación indebida de tributos y aportes.
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