La Iglesia Católica argentina profundizó la tensión con el gobierno de Javier Milei al lanzar duras críticas contra la actual política migratoria nacional y advertir que la misma “no responde a la acción de un Estado garante de derechos”.
Los cuestionamientos tuvieron lugar en el Encuentro Nacional de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes y se conocieron días después del Tedeum por el 25 de Mayo que encabezó el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, cuya homilía generó cierto malestar en la Casa Rosada.
Ahora, desde la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes alertaron sobre las consecuencias de la reforma migratoria impulsada por Milei y plantearon que la normativa provoca “una situación de vulnerabilidad” en las personas extranjeras radicadas en el país.
Al respecto, afirmaron que “la incertidumbre en los procesos de regularización y el cambio de categorías generan un temor constante a la expulsión, obstaculizando el acceso a derechos fundamentales como el documento de identidad, la salud, la educación y el trabajo digno”.
Los representantes eclesiásticos expresaron además su preocupación por el “aumento del rechazo infundado y arbitrario hacia las personas migrantes en la frontera, como así también los supuestos operativos de control migratorio, que parecieran responder más a una estrategia de comunicación política que a la acción de un Estado garante de derechos”.
Cabe recordar que en mayo del año pasado el Gobierno modificó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia no solo la Ley de Migraciones, sino también la Ley de Ciudadanía que estableció mayores controles para el ingreso y la permanencia de extranjeros. Los cambios incluyen la exigencia de un seguro de salud o un pago previo, la posibilidad de que las universidades públicas les cobren aranceles y cambios en la ciudadanía por naturalización.
Frente a esta reforma, los prelados alertaron que “en estos tiempos, marcados por una realidad cada vez más compleja, el acceso a un trabajo digno se vuelve difícil de alcanzar para las grandes mayorías” y señalaron que a eso se suma “la creciente dificultad de acceder a un servicio de salud de calidad para las familias, situación que resulta aún más desesperante para las personas con discapacidad”.
Por otra parte, la Pastoral hizo foco en las problemáticas laborales de quienes se trasladan hacia los principales polos productivos del país, como “la zona de explotación de hidrocarburo no convencional” y denunciaron que en esos destinos los trabajadores se encuentran “con un escenario hostil y muchas veces expuestos a abusos de todo tipo”.
Ante esta situación, en la Iglesia ratificaron “el compromiso de seguir caminando juntos en la construcción de planes para la atención pastoral de las familias migrantes”, fomentando “la cultura del encuentro frente a la del descarte”, lo que, subrayaron, “implica reconocer al migrante no como una carga, sino como una persona con dones que enriquece a la comunidad”.
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