Se veía venir: el gobierno recibió el impacto de la derrota política que significó la marcha atrás con el capítulo de la ley de tierras del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. En la Libertad Avanza tiran maldiciones contra Victoria Villarruel, la titular del Senado, que se oponía a la modificación y autorizó el voto remoto de la mendocina Anabel Fernández Sagasti. Pero también miran a uno más propio: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, ideólogo de este y de otros proyectos polémicos, que ponen al oficialismo en situación de tensión permanente con los aliados.
Por ejemplo: hay un proyecto de ley de desregulación de farmacias e inmobiliarias. Es probable que sea parado por el propio Gobierno porque se ve venir otra derrota. Javier Milei llama a su ministro “El Coloso”. Comparte con él la idea de desregular todo lo que sea posible. Pero además está la mesa política del gobierno, que subraya las necesidades no económicas que también deben tenerse en cuenta.
Fue el criterio que imperó para ceder ante la exigencia de los senadores aliados y gobernadores que no quisieron pagar el costo político de habilitar la llamada extranjerización de tierras, aquel ítem que ampliaba el porcentaje habilitado para que inversores de otros países compren superficies nacionales.
El proyecto oficial también incluía la derogación de la ley del Libro, que eliminaba el precio único (PVP) de venta y autorizaba otras bocas de expendio, además de las librerías. El anteproyecto, que le abría la puerta a jugadores externos como Amazon y potenciaba el comercio electrónico, puso en pie de guerra a todo el sector editorial y cultural: libreros, cadenas, editoriales independientes, autores y conglomerados multinacionales. Otro frente abierto en un momento inoportuno, cuando el gobierno asoma en un proceso de declive de apoyo popular.
Los argumentos del ministro
Sturzenegger parece no sentirse aludido. Ayer, antes de que el Senado se abocara a tratar la ley de inviolabilidad de propiedad privada, volvió a reivindicar los cambios que permitían a extranjeros adquirir tierras hasta un tope del 25 % del territorio nacional. Tope que en realidad se puso en un intento de salvar el tema porque el proyecto del ministro directamente sacaba todo techo.
“Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares que hoy derrama prosperidad. Quizás no hay conciencia de que el capítulo de la ley de tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país. Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad”, escribió el ministro tras felicitar al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, que anunció una inversión de US$ 250 millones para financiar obras de infraestructura que faciliten la extracción de cobre.
La semana que viene el Senado intentará sancionar la llamada Ley Hojarasca, que deroga leyes vetustas y que ya aprobó Diputados. Sturzenegger es el autor intelectual de la misma.
La Rosada, sin embargo, parece querer ahora evitar dificultades innecesarias en el camino hacia la reelección de Milei. Con esa perspectiva, en la mesa política quieren tener margen para aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, sancionar el Presupuesto 2027 y buscar la suspensión de las PASO. Aparentemente no quieren quemar cartuchos de apoyo legislativos en temas no esenciales, como serían los antes mencionados, y que el ruido político/parlamentario se superponga a la economía. Buscan enviar señales que despejen la incertidumbre de los mercados.
Los consejos de Sturzenegger, además, obligaron el último miércoles a dar otra marcha sensible. Otra derrota política, como ya contó este diario: el paro de los prácticos en los principales puertos del país, que paralizó el comercio exterior. Fue para protestar contra el decreto que desregulaba su actividad. Milei debió claudicar otra vez y dar de baja el decreto.
Es muy probable que la pulsión desregularizadora de Sturzenegger, plasmada en varios proyectos, entre al freezer. Tampoco les sirve que todo se judicialice. La falta de voceros políticos del oficialismo para defender el proyecto de Tierras también fue un lastre para el Ejecutivo. No hubo una buena defensa y se impuso el relato opositor de que el Gobierno quería regalar soberanía.
Tampoco ayudó el detalle de que el senador por Entre Ríos Joaquín Benegas Lynch -una familia muy ligada a Milei desde lo afecivo- tiene una empresa que se dedica a la venta de campos a extranjeros.
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