Una causa tramitada en el Juzgado Federal Nº 4 de esta ciudad echó luz sobre la trama oculta y las severas fallas de control que rigen en la Legislatura bonaerense. Un fallo judicial firmado por el juez Alberto Osvaldo Recondo dejó al descubierto cómo, mediante engaños, datos falsos y una votación sin debate, se aprobó una ley para expropiar un predio estratégico en Pilar valuado por los legisladores en más de 20 millones de dólares.
El caso, que describió ayer el periodista platense Luciano Román en su columna habitual del diario La Nación, tuvo su origen en diciembre de 2020. Por entonces, el exdiputado provincial Jorge D’Onofrio —quien posteriormente asumió al frente del Ministerio de Transporte bonaerense— presentó un proyecto para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado a la vera de la Ruta Panamericana. En el lugar, de 26.000 metros cuadrados cubiertos, funcionaba un desarrollo de cocheras y un proyecto para construir un Centro de Transferencia de Pasajeros acordado con inversores privados, la Nación y el municipio.
Sin embargo, en el expediente parlamentario se ocultó la escala real de la propiedad: D’Onofrio la presentó como una insignificante “parcela rural” con una casilla de 40 metros cuadrados, declarando un valor fiscal de apenas $580.000 y proponiendo destinarla a una “ciudad judicial” sin antecedentes formales.
Un trámite exprés sin controles
Pese a haber sido derivado a cuatro comisiones internas, el proyecto no fue analizado ni debatido en ninguna de ellas. En la última sesión del año 2020, realizada de manera remota a pocos días de la Navidad, la iniciativa fue incorporada sobre tablas fuera del orden del día.
Según consta en las actas taquigráficas y en la investigación del magistrado, la Cámara de Diputados aprobó el expediente en solo un minuto, sin lectura del articulado, sin constatación de datos básicos y mediante una votación a mano alzada donde no quedó registro nominal ni detallado de las voluntades expresadas. Tras repetir el mismo procedimiento en el Senado, la iniciativa quedó convertida en la Ley 15.239.
Frente a la inminente pérdida del inmueble, los titulares del predio recurrieron a la Justicia Federal. Tras reconstruir las actuaciones, el juez Recondo resolvió procesar al exlegislador al concluir que existió una maniobra orquestada dolosamente para engañar al cuerpo legislativo y desbaratar un emprendimiento que resultaba contrario a sus intereses particulares.
Al mismo tiempo, la resolución judicial cuestionó severamente la desaprensión con la que actuó la Legislatura, señalando que la declaración de utilidad pública exige una rigurosidad analítica acorde a la protección constitucional del derecho a la propiedad privada.
Aunque la expropiación no llegó a ejecutarse formalmente y el predio quedó alcanzado por posteriores litigios judiciales, la causa dejó en evidencia la fragilidad de los mecanismos institucionales frente a iniciativas impulsadas sin la debida fiscalización técnica y parlamentaria.
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