Hace semanas que el nombre de Manuel Adorni pesa como un ancla para la imagen del gobierno de Javier Milei. Lo que comenzó como una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito escaló hasta convertirse en la crisis política más grave de la gestión libertaria. El jefe de Gabinete, antes provocador vocero de la Casa Rosada, hoy está en el centro de una tormenta que sacudió el tablero legislativo del oficialismo y obligó a posponer la agenda del Ejecutivo.
Lejos de apagarse, la mecha se avivó el jueves pasado, cuando Adorni finalmente presentó su demorada declaración jurada de bienes e inmediatamente fue a la televisión para intentar una explicación sobre su crecimiento patrimonial. Allí reconoció que tanto él como su esposa, Bettina Angeletti, habían acumulado más de medio millón de dólares en ahorros en negro que no figuraban en sus declaraciones anteriores. Semanas, ante el Congreso, había asegurado que tenía todo declarado sin ocultación alguna. La contradicción fue advertida por la oposición, incluso por los bloques aliados que presentaron un pedido de sesión especial para el 23 de junio en Diputados: lo que buscan es interpelarlo e impulsar una moción de censura para removerlo, un mecanismo que nunca se aplicó desde la reforma constitucional de 1994. En el Senado, el kirchnerismo avanzó con su propio proyecto en paralelo.
Los alfiles del gobierno
Frente a la ofensiva opositora, la tarea de contención por parte del oficialismo quedó en manos de la senadora Patricia Bullrich (paradójicamente la primera voz oficialista en reclamar públicamente que Adorni aclare su situación); el ministro del Interior, Diego Santilli, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que reporta a Karina Milei. Sobre ellos descansa la estrategia defensiva que intentará la Casa Rosada.
Santilli es el operador territorial. Ayer activó contactos con gobernadores bajo la cobertura formal de la reforma electoral, pero en paralelo relevó los apoyos con los que cuenta el oficialismo para hacer caer la sesión y frenar la interpelación. Recibió a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Leandro Zdero (Chaco), uno de los pocos mandatarios en la lista de acuerdos electorales con La Libertad Avanza (LLA). Zdero respaldó la eliminación de las PASO, pero no hubo definiciones sobre el caso del funcionario.
El problema es estructural: aunque Santilli consiga promesas de los gobernadores, eso no garantiza el voto de sus legisladores. . Los propios mandatarios manejan encuestas que muestran al jefe de Gabinete como un “salvavidas de plomo”.
Por su parte, Bullrich busca acuerdos con los bloques dialoguistas del Senado para suspender la sesión de mañana, donde se iban a tratar siete pliegos de jueces y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. En tanto que para esta tarde, la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel (crítica feroz de Adorni) convocó a Labor Parlamentaria para definir la fecha en la que el funcionario brindará su informe de gestión (aunque el oficialismo adelantó que será el 2 de julio), pero también para acordar el temario a debatir mañana.
Aliados que ponen límites
Ahora bien, el escudo libertario tiene grietas. Trascendió que Mauricio Macri instruyó a sus diputados del PRO para que apoyen la interpelación. La orden presiona al titular del bloque en la Cámara Baja, Cristian Ritondo, quien se resiste a romper con Milei. La UCR tampoco descarta habilitar el debate. En tanto que los legisladores de LLA cercanos a Bullrich evitan diferencias en público, pero no descartan endurecer su postura si Adorni sigue en el cargo.
En el Senado, la arremetida es impulsada por el kirchnerismo. Esto pone a los socios del Gobierno como el Pro y la UCR ante un dilema: no quieren quedar pegados al kirchnerismo, pero tampoco les sienta cómodo que la opinión pública los identifique como defensores de Adorni.
En plena tensión, Milei ordenó suspender las reuniones de gabinete, mientras sigue sin poder retomar el control de una agenda monopolizada por el escándalo judicial del ministro al que se empeña en seguir respaldando.
“Tienen que entender que el Presidente banca, que esto va a pasar y todo volverá a la normalidad”, confió un integrante de la mesa política, donde esperan que el Mundial de Fútbol y la fiebre por la Selección Argentina traigan una bocanada de aire fresco en medio de la tormenta.
Mientras, la causa judicial sigue activa: el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario de Adorni y su esposa, y los investigadores registram deudas, viajes y propiedades que no se condicen con los ingresos del funcionario. La presión no es solo opositora, sino que también viene del fuego amigo. Un gobernador aliado lo sintetizó así: “Si la justicia avanza y lo procesa, Adorni tiene que dar un paso al costado. Si no lo hace el Presidente, va a intervenir el Congreso”.
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